Apenas tres días después de que la investigación de Caja Navarra arrancara con fuerza en los juzgados de Iruñea, la Audiencia Nacional ha reclamado asumir el caso, salvo algunas migajas que sí considera «una trama más local, navarra». La noticia es inquietante observada desde un punto de vista puramente técnico. La demanda de Eloy Velasco refleja que quiere abrir una especie de causa general sobre la CAN centrada en su desaparición y en la que, por tanto, se perderían los detalles (dietas, clientes VIPs...), que es donde están los presuntos delitos. La propia lejanía del tribunal restaría luz y taquígrafos a un asunto perpetrado exclusivamente en Nafarroa. La petición de inhibición hecha por el exdirector Enrique Goñi y rechazada por la jueza navarra ya reveló qué desean los investigados.

Y sobre el aspecto jurídico está el político. Huele a chamusquina que el mayor escándalo de Nafarroa en décadas, con su impacto político consiguiente, pueda acabar en la capital del Estado, en un tribunal especial dedicado a preservar el estatus y en manos de un juez cuyo sesgo político está claro por otros sumarios. ¿Nafarroa, cuestión de Estado una vez más?