Los familiares del extrabajador Luis Guerra, que falleció como consecuencia de un mesotelioma maligno por amianto, presentaron ayer una demanda por daños, una vez que reconocieron la enfermedad por amianto.

Representantes de la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie) se concentraron a las puertas del juzgado para denunciar que el amianto «mata en silencio», como explicaron.

En el juicio quedó claro por parte de los testigos que en la antigua General Eléctrica y Conelec, además de ser sucesoras, se trabajó con el mineral cancerígeno, pero la discusión entre la abogada de la familia, que pertenece a Asviamie, y los representantes de las compañías se situó en si hubo o no sucesión de empresas.

En este sentido, el Tribunal Supremo (TS) ha fijado doctrina en la que determina que la prestación debe pagarla la empresa infractora o sus sucesoras, pero cuando la reclamación es por daños confirma que la sucesora no debería de pagar. Esa realidad ha puesto contra las cuerdas a muchos casos de afectados por amianto, porque muchas de las empresas o no existen ya o pertenecen a otros empresarios.

En varias empresas

Luis Guerra trabajó en Babcock Wilcox y posteriormente en General Eléctrica Española (GEE) desde 1966 a 1990. Tras la reconversión pasó a denominarse Construcción de Equipos Eléctricos (Conelec) y, junto a otras fueron adquiridas por ABB Trafodis, que cerró y trasladó al personal a otras del grupo ABB.

La abogada de Asviamie, ante este cambio de empresas y de nombres, incorporó un documento en el que se dice que los trabajadores fueron con todas las cargas a ABB Trafanor, posteriormente denominada Bombardier.

Por ello, el juez deberá dictaminar si esa empresa es la responsable activa del extrabajador, como quedó demostrado en el documento.