Gran expectación la que se vivió ayer en el Juzgado de lo Penal número 1 de Bilbo, donde la mayoría de los reporteros de los medios de comunicación se quedaron fuera de la sala de vistas por la falta de previsión del tribunal. Una nutrida representación institucional de la UPV-EHU, encabezada por el rector, Iñaki Goirizelaia, y compañeros de Enrique Antolín y Xabier Aierdi coparon el pequeño salón en la primera sesión del juicio contra ambos docentes, que está previsto que se prolongue hasta mañana.

Este proceso ha motivado una gran ola de solidaridad hacia los encausados, especialmente en el seno de la mayor universidad pública del país. Fiel reflejo de ese respaldo fue la presencia en el Palacio de Justicia del rector y de su antecesor, Juan Ignacio Pérez Iglesias, que consideró que los encausados son «chivos expiatorios» porque con este proceso se trata de juzgar a la UPV-EHU como institución.

Goirizelaia y Pérez Iglesias encabezaron la nutrida representación del equipo rectoral. Antes de acceder a la sede judicial, los acusados recibieron las muestras de apoyo de decenas de compañeros, una pequeña representación del algo más de un millar de docentes que han rubricado un manifiesto solidario.

Allí, el rector aseguró que Antolín y Aierdi «no han hecho más que dar clase», cumpliendo con sus obligaciones. Pérez Iglesias apostilló que ese proceder está avalado por el Tribunal Constitucional, ya que es «un principio reconocido», el de la docencia.

«Cualquiera de nosotros, de los profesores y profesoras de la UPV-EHU, todos, podríamos estar hoy aquí. Todos somos Enrique Antolín y Xabier Aierdi», remarcó Goirizelaia.

El sindicato STEE-EILAS y el Consejo de Estudiantes también se solidarizaron con ellos y denunciaron el proceso judicial.

En «situación especial»

En cuanto al desarrollo del juicio, los acusados defendieron su obligación de «dar clase a los deportados», en este caso al ya fallecido Ángel Lete Etxaniz y a Belén González Peñalva. Dijeron que ellos solo les tutorizaron, por lo que no se encargaron de su matriculación. Aclararon que ambos deportados en la República Dominicana y Cabo Verde, respectivamente, se encontraban en una lista de alumnos recluidos en centros penitenciarios a los que había que impartir clase, algo de lo que la Universidad era conocedora.

La defensa, que protestó por la limitación de testigos, presentó una orden de 1998, del entonces rector Pello Salaburu, por la que era responsabilidad del Decanato asumir el control de los denominados alumnos en «situación especial».

Enrique Antolín, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación desde 1998, explicó que fue a través de una orden que le trasladó el por entonces decano, Manuel Montero, como se encargó de la gestión de esos alumnos. «Es un acto reglado que, me guste o no, había que aceptar», matizó.

Por su parte, Xabier Aierdi reconoció que fue tutor de ambos deportados, cumpliendo así la «encomienda» que se le hizo. «En las listas no se diferenciaba entre presos o deportados. Yo recibo las listas y se supone que los alumnos cumplen con las condiciones de matriculación», indicó, para añadir que «carece de capacidad para imponer el modo de evaluación». Asimismo, descartó una hipotética «empatía ideológica» con los deportados y remarcó que la misma no tendría «nada que ver con las funciones de tutor que debía cumplir».

El exdecano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación Manuel Montero declaró como testigo y negó tener conocimiento de la existencia de deportados dentro de las listas de alumnos en «situación especial». Remarcó que «nunca había oído hablar de ellos».

Incidió en que se trataba de un «programa heredado» desde 1988 y defendió que, de haber sabido que se incluían deportados, se habría «opuesto por irregular». También afirmó que el comentado programa no dependía del Decanato, sino del Rectorado.

«Este programa de presos siempre fue mejorable por sus pésimos resultados. Había en su seno reclusos comunes, pero básicamente eran terroristas vinculados a ETA», manifestó, para añadir que no consideraba que se hubiera cometido una ilegalidad extender el programa a los deportados. Apuntó a que la obligación de los profesores era que los matriculados recibieran su formación, «no revisar los criterios de matriculación».

José Manuel Susperregi, que asumió el cargo de decano después de Montero, destacó que fue precisamente Antolín quien llevó a una reunión del Decanato la necesidad de concretar el sistema de evaluación de los alumnos especiales «para hacer las cosas bien y tener cierto control» de esos alumnos.

Susperregi recordó que hace unos 15 años, cuando ocurrieron los hechos, estuvo amenazado y que, al igual que otros profesores, «vivía con miedo y tuvo que llevar escolta» después de haber participado en concentraciones de colectivos pacifistas y que, por eso, firmó un manifiesto en el que se denunciaba que la UPV-EHU daba un trato especial a los presos políticos vascos.