La gestión de Bidegi continúa en el ojo del huracán, después de que el pasado domingo este diario revelase que cuatro empleados cuentan desde 2006 con sendos contratos blindados, cuyas indemnizaciones ascendería a día de hoy a 1.091.000 euros.

Representantes de EH Bildu -Joxean Agirre, Iñaki Ostolaza, Ainhoa Beola y Xabi Soto- comparecieron ayer en Donostia para resaltar que esta noticia se enmarca dentro de la «nefasta gestión» de los anteriores responsables de esta sociedad pública.

De este modo, recordaron que «el PNV dejó una deuda de 900 millones en Bidegi. Una deuda inasumible e inaceptable en un herrialde pequeño como Gipuzkoa. Esa deuda es consecuencia de una mala gestión política».

Parte de esa deuda se debe a los sobrecostes en las obras, en algunos casos de «hasta del 65%» respecto al precio de adjudicación. Los representantes de la coalición apuntaron que estos desfases han sido constatados tanto por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) como por el Tribunal español de Cuentas.

La documentación también reveló que «el PNV hizo la liquidación de la última obra cuando estaba en funciones, seis días antes de que Garitano fuera nombrado diputado general». A juicio de EH Bildu, se trató de «una maniobra malintencionada para tratar de condicionar la acción política del Gobierno entrante».

Los últimos capítulos son el affaire del burofax y la caja de facturas en un almacén, y el blindaje de contratos de personas que «tienen una relación directa o indirecta con el PNV».

Según ha sabido este diario, las personas con contratos blindados son Marisa González (directora de Explotación, con una indemnización de 295.000 euros), Agustín Zugasti (director del Departamento Técnico, con 355.000 euros) y Alfonso Sánchez-Povés (director de Finanzas, con 331.000 euros), además de la auxiliar administrativa Idoia Lazkano (109.000 euros), exedil jeltzale en Zizurkil.

61 millones este año

Preguntado al respecto en Radio Euskadi, el presidente del Gipuzku Buru Batzar, Joseba Egibar, acusó a EH BIldu de practicar una política de «retrovisor», con «un permanente mirar para atrás porque no tienen proyecto de presente y menos de futuro».

Al respecto, EH Bildu recordó que «las consecuencias» de la gestión jeltzale «afectan hoy a los guipuzcoanos». Por ejemplo, en este 2013 Bidegi tiene comprometido un pago de 61 millones, veinte más que si no se hubiesen producido desviaciones. En los próximos diez años Bidegi tendrá que paga casi 833 millones, de los que 274 son achacables a los sobrecostes.

No obstante, Egibar defendió que «la operación estuvo bien diseñada», ya que «se ejecuta la obra, se obtiene la financiación y esa financiación está sujeta a lo que puedan ser los ingresos de los peajes».

Tanto Egibar como Eneko Goia, exdiputado de Infraestructuras Viarias, aseguraron desconocer la existencia de dichos contratos blindados, suscritos durante el mandato de Joxe Joan González de Txabarri.

Goia argumentó que dichos blindajes pueden corresponder a personal cualificado como por ejemplo ingenieros -ya se ha publicado que son tres directores y una administrativa- que «en determinados años» recibían «muchísimas ofertas de empresas privadas».