«caso caja navarra»
Madrid quiere hacerse con la investigación sobre la CAN
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco reclama la competencia sobre los escándalos, pese a que el sumario está lanzado en Iruñea y la instructora rechazó inhibirse. Kontuz se opondrá
Aritz INTXUSTA | IRUÑEA
Después del terremoto político que han suscitado las dietas de Caja Navarra, la Audiencia Nacional ha solicitado formalmente quedarse con todas las investigaciones que se siguen sobre la CAN. El juez Eloy Velasco quiere quedarse con la denuncia de Kontuz y dejar fuera a la juez decana de Nafarroa, María Paz Benito Osés, responsable de que la investigación de los pagos a políticos. Kontuz anuncia que recurrirá esta decisión.
Benito había mostrado un gran interés por el caso y había comenzado a actuar con enorme determinación. Muestra de ello es que, después de que la CAN retrasara durante un mes la entrega de la documentación, la juez decidiera llamarles desde el Juzgado y, al recibir de nuevo largas, resolviera ordenar a la Guardia Civil presentarse en la sede de Carlos III número 8 para que le trajeran los documentos requeridos. Los agentes se personaron en la sede de la Caja el 1 de marzo y, ese mismo día, la papeles llegaron al Juzgado.
Ahora, lo que la Audiencia Nacional pretende es que Benito solo investigue si el Gobierno navarro pudo cometer «prevaricación por omisión» al no inspeccionar la caja en más de un década. Este tema es muy importante pero puramente técnico y deja a Benito fuera de la investigación del funcionamiento interno de la entidad. Velasco instruye la parte del «caso Caja Navarra» que afecta a la salida a bolsa de la entidad y la supuesta estafa que ello supuso. Según interpreta este juez de la AN, todos los hechos que investiga Benito forman parte de lo mismo puesto que «determinaron un grado tal de insolvencia en la entidad bancaria que les obligó a buscar liquidez externa» a través de la fusión con otras entidades, acudir a las ayudas públicas del FROB y salir a Bolsa.
Cuestión de competencia
Hasta ahora, la división de las investigaciones sobre CAN en dos causas distintas había sido determinada por la propia juez Benito, que interpretó que todo lo que se circunscribe a Nafarroa debe juzgarse en Nafarroa y que las decisiones que se tomaron sobre Banca Cívica y la salida a Bolsa -cuando la sede de la entidad pasó a ser Sevilla- debían de juzgarse en Madrid. En líneas generales, lo que está circunscrito a Nafarroa es lo denunciado por Kontuz, que son operaciones muy concretas, y lo que acabó en la Audiencia Nacional es lo denunciado por UPyD, cuya denuncia es bastante genérica y, en buena medida, resulta un plagio de la que presentaron contra Bankia.
La resolución emitida por el juez Velasco tiene tres días para ser recurrida. Benito puede plegarse a la decisión del juez de la AN, pero lo lógico es que siga defendiendo su criterio anterior. Kontuz ya ha anunciado que recurrirá para que la instrucción continúe desarrollándose en Nafarroa. La asociación interpreta que los hechos se cometieron aquí y sostiene que en Madrid «la causa dormirá el sueño de los justos».
Si la juez navarra decide defender su jurisdicción y no se inhibe, el caso iría a un conflicto de competencias que, en su caso, deberá resolver el Tribunal Supremo. La gran duda está en qué juzgado continuaría instruyendo el caso mientras el Supremo toma postura. En principio, suele quedarse en el tribunal de origen, pero en esta ocasión no está claro.
Goñi, más cómodo en Madrid
La petición de la AN viene precedida por otras tres peticiones para que toda la causa vaya a Madrid. Una la realizó la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que es la que ha impulsado a Velasco a tomar parte. La segunda fue emitida por UPyD. La tercera fue una petición del exdirector de CAN Enrique Goñi (que sigue siendo el principal acusado en ambas causas) y que prefiere ser juzgado en Madrid.
La juez desestimó esta petición del abogado de Goñi atendiendo a que se estaba en una fase inicial de la instrucción «y que en modo alguno puede considerarse ya en este momento que nos encontremos ante delitos conexos e imputados a las mimas personas que justifiquen la íntegra remisión de la causa a los juzgados centrales de instrucción».
Esta no sería la primera vez que la juez Benito se enfrenta con la Audiencia Nacional por un conflicto de competencias. Ya ocurrió con el caso Falange y Tradición, aunque esa vez la situación era opuesta. Benito creía oportuno que el comando ultraderechista de Falange y Tradición fuese procesado por delitos «de terrorismo» y que, por tanto, la competencia era para la AN. Sin embargo, en la Audiencia Nacional no estaban cómodos y devolvieron el caso a la juez navarra.
Benito decidió apelar al Tribunal Supremo para dirimir a quién competía proseguir con la investigación. Finalmente, después de muchos meses y con la causa parada, el Supremo decidió dar la razón a Benito y llevar la causa a la Audiencia Nacional. Desde entonces, tal y como aventuró Kontuz para el «caso CAN», la causa contra Falange y Tradición «duerme» el sueño de los justos en Madrid.
El escándalo de las dietas dobles y triples en la JEF y en la Permanente de CAN es demasiado grande como para calmarlo con el mero anuncio de que el dinero se devolverá. Ayer, la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, recibió un emplazamiento formal por parte del Parlamento para que dimita, respaldado por Bildu, Aralar-NaBai, PSN, I-E y Geroa Bai. La presidenta solo recibió el apoyo de su partido y un sostén con matices del PP, que tampoco ve mal que Barcina se marche. Por su parte, Enrique Maya se enfrentará en el próximo pleno a una moción en la que Bildu pedirán su dimisión y la de la concejal de UPN Ana Elizalde, que también cobró de la Junta de Entidades Fundadoras.
Finalmente la declaración del Parlamento fue muy breve: «El Parlamento de Navarra reprueba la actuación del Gobierno de Navarra y de su Presidenta D.ª Yolanda Barcina en la gestión de la CAN, declarando por ello la necesaria procedencia de su dimisión». Esto sucedió así porque los servicios jurídicos de la Cámara impidieron que saliera la redacción original, puesto que vieron incorrecta la expresión «lucro irregular».
Bakartxo Ruiz (Bildu) y Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai) aseguró que la declaración institucional de ayer es «una moción de censura implícita». Según explicó Ruiz, su partido no descarta presentar una moción de censura. La principal dificultad de la moción de censura es encontrar a un candidato alternativo para que sustituya a Barcina, algo que no se ha conseguido hasta ahora.
El PSN, por su parte, entiende que después de la declaración de ayer, Barcina está obligada a dejar su cargo. «Si no lo hace, ya veremos», dijo Roberto Jiménez. El líder del PSN parece dolido por el hecho de que la presidenta haya decidido devolver no solo las dietas irregulares de la Permanente sino también las aparentemente legales de la Junta de Entidades Fundadoras. Jiménez, hasta ahora, se vanagloriaba de ser el político más honrado por haber hecho públicos estos ingresos de la Junta, pero siempre se ha negado a devolver lo cobrado, aunque proviniese de una de las dietas «triples».
Por su parte los ediles de Bildu en Iruñea explicaron que, en el pleno de la semana pasada, presentaron una moción para pedir la dimisión de Maya y de Elizalde por las dietas de Caja Navarra. En su momento, esta moción no pasó la urgencia porque hubo partidos que prefirieron abstenerse. Por esto mismo, la petición de dimisiones se volverá a presentar en el próximo pleno «ante la gravedad de las informaciones conocidas y respondiendo a la demanda social». A.I.
Barcina y sus más afines (Ana Elizalde, José Iribas y Enrique Maya) devolverán todo lo cobrado tanto de la JEF como de la Permanente (de la que solo percibieron dietas Barcina y Maya).
Miguel Sanz y Álvaro Miranda devuelven solo lo cobrado en la Permanente (cuyas dietas son las que son de una dudosa legalidad, ya que el organismo funcionaba antes de existir). Se quedan con las dietas de la JEF.
Alberto Catalán, Carlos García Adanero, Javier Caballero, Samuel Caro (PSN) y Roberto Jiménez (PSN) no devolverán nada. Solo estuvieron en la JEF y sostienen que declararon esas dietas y que no provienen de ningún órgano opaco.
