El pasado 15 de octubre el Gobierno de Filipinas y representantes del Frente Moro Islámico de Liberación (MILF) llegaron a un acuerdo para poner en marcha el proceso de paz que debería concluir para el año 2016. Desde entonces se han sucedido declaraciones, gestos y algún que otro revés.

A finales de noviembre se celebró una reunión en Indonesia, en la que tomaron parte los actores del proceso, junto a dos asociaciones mediadoras (la islámica Muhammaddiyah de Indonesia y la Comunidad de San Egidio), para abordar los posibles obstáculos que se pueden encontrar en el camino y para poner «las premisas para una implementación del acuerdo de paz que tenga en cuenta las exigencias de todas las partes involucradas». Y todo ello teniendo en cuenta las bases de anteriores procesos de paz y negociaciones. Además, se programaron «encuentros entre todas las partes implicadas para continuar en el camino de la reconciliación».

La lucha del pueblo moro es la expresión de una marginación histórica y sistematizada contra los grupos musulmanes, conocidos como moros, que les ha llevado a una minorización en el sur del archipiélago filipino. En esa política se han aplicado los colonizadores españoles (siglos XVI-XIX), EEUU (hasta la mitad del siglo XX) y los diferentes gobiernos filipinos desde su independencia en 1946. Frente a las reivindicaciones y luchas del pueblo moro para mantener o recuperar su soberanía, los ejecutivos filipinos defienden «la indisoluble unidad de su Estado».

Sería un error presentar esta situación como un problema meramente musulmán. Como defienden algunos analistas, el verdadero problema reside en la actitud y el legado de la colonización española, que apostó por un proceso colonizador y cristianizante y no quiso reconocer los derechos de los pueblos musulmanes del archipiélago. Mientras los dirigentes filipinos de entonces abogaban por un sistema político especial que reconociese a las comunidades no cristianas, los delegados cristianos, influenciados por España, desecharon esa fórmula, incrementando la marginación y represión contra el pueblo moro.

Los representantes del pueblo moro han señalado diferentes raíces históricas del conflicto, entre ellas «la anexión por la fuerza e ilegal de Moroland; la pacificación militar; las leyes que justificaban la confiscación de tierras; la filipinización de la Administración y destrucción, además, de las instituciones políticas tradicionales; la colonización con migrantes de otros lugares del archipiélago, sobre todo cristianos, y el desprecio a la cultura mora».

A ellas se añaden unas causas más contemporáneas marcadas por la actitud de los gobiernos filipinos que, tras protagonizar diferentes matanzas contra el pueblo moro en las últimas décadas, han impulsado políticas de «pacificación y desmovilización» junto a su ocasional apuesta por «una victoria militar».

La reciente iniciativa puede abrir la puerta a la esperanza en la solución definitiva del conflicto. Durante estos años, los representantes del pueblo moro han practicado distinas formas de lucha, incluida la armada, y en ocasiones han apostando por negociaciones encaminadas a la búsqueda de una solución y la paz, con la mediación diplomática de ciertos países musulmanes.

El actual proceso de paz comenzó en 1997 y, según algunos conocedores de sus entresijos, se ha ido moviendo «con la velocidad de un glaciar» y ha tenido tres importantes parones, fruto de acciones armadas de uno u otro bando o de la actuación y el boicot de determinados poderes fácticos filipinos.

En opinión de esas fuentes, el acuerdo logrado ahora destaca al menos por dos motivos. Por un lado, se han acordado una fórmula diferente para abordar el tema de la territorialidad (qué áreas estarán bajo el nuevo Gobierno Bangsamoro) y la garantía de que el conjunto del pueblo moro pueda decidir si acepta o no los términos finales del acuerdo. Por otro lado, deja claro que la actual realidad administrativa y autónoma es disfuncional y será reemplazada, lo que abre la puerta a la esperanza de lograr una mejor fórmula de gobierno.

Durante el proceso se ha discutido y negociado desde la territorialidad, el reparto del poder o la redistribución de la riqueza a cuestiones relacionadas con la normalización (desmovilización, desarme o reintegración).

La negociación más reciente sobre aspectos policiales o impuestos tiene que dar paso a la parte más complicada del proceso, su implementación. En ese sentido, estos meses se han sucedido los gestos por ambas partes, desde la visita del presidente de Filipinas, Benigno Aquino, el pasado febrero al campamento principal del MILF para reunirse públicamente con sus representantes.

Este escenario no está exento de riesgos y obstáculos. En los últimos meses se han producido algunos signos de inestabilidad dentro del territorio moro. La aparición de un nuevo grupo escindido del MILF, Luchadores por la Libertad de Bagsamoro Islámico (BIFF) y contrario al proceso de paz, las reticencias de sectores del otrora poderoso MNLF, que ven que su peso social puede disminuir tras el acuerdo, o la presencia de grupos armados en torno a Abbu Sayyaf son algunos riesgos que pueden tener que afrontarse en los próximos meses.

También está el rechazo del anterior sistema filipino, dispuesto a sabotear los avances de cualquier manera, o la utilización interesada en ese sentido del «rido», una tradición ligada a un código de venganzas entre familias o clanes que en ocasiones da pie a vendettas intercomunitarias.

El reciente conflicto en torno a la provincia de Sabah, hoy día en territorio de Malasia pero reivindicada históricamente por los musulmanes filipinos, sobre todo por parte del sultán de Joló, puede ser utilizado por diferentes actores para frenar u obstaculizar el proceso de paz.

Los firmantes del acuerdo son conscientes de los riesgos, por eso distintos representantes moros han señalado la necesidad de tender puentes con los colonos católicos que durante el siglo XX llegaron a esta zona y a las de otros pueblos indígenas no musulmanes en Mindanao, conocidos como Lumad o Mangsa-Mamalu.

Conforme al nuevo acuerdo, una nueva realidad institucional, Bangsamoro, debe reemplazar a la Región Autónoma Musulmana de Mindanao, creada en 1989. Además, la presencia de mediadores y observadores internacionales intenta dotar de un cierto blindaje al proceso.

A medida que se asiente el acuerdo de paz, el pueblo moro espera poder rentabilizar la riqueza de su país y dar un futuro mejor a una comunidad perseguida y castigada por las diferentes fuerzas coloniales que han ocupado su territorio.