El Ejecutivo de Lakua dio a conocer ayer la petición remitida al Gobierno de Mariano Rajoy para que reconsidere el anteproyecto de Ley sobre Racionalización y Sostenibilidad de la Ley de Administración Local, que tilda de «desproporcionado» e «injustificado» y reclama que, de llevarse adelante, incluya «una disposición adicional» para que no se aplique en la CAV.

En un escrito de 23 folios remitido a Madrid, que incluye las alegaciones de las tres diputaciones y la asociación de municipios Eudel, Lakua sostiene que la reforma supone un «intenso debilitamiento» y una «grave injerencia en el principio consolidado de autonomía local». Considera que la nueva ley que el PP quiere poner en vigor «no se adecua a la realidad económica de los entes vascos que, por lo general, tienen una situación saneada» y, por contra, pretende «modificar el mapa municipal bajo el pretexto de eliminar duplicidades administrativas y racionalizar la estructura organizativa desde la perspectiva de la eficacia, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera».

El Ejecutivo de Gasteiz alude asimismo al amparo de «las singularidades institucionales y financieras propias derivadas de la Disposición Adicional Primera de la Constitución, el Estatuto de Gernika y al Ley del Concierto Económico», para pedir a Madrid que incluya disposiciones adicionales para preservar «la singularidad del sistema foral de régimen local».

Madrid «privatiza y controla»

Bildu, por su parte, ha mostrado su oposición a la reforma legal española, porque deja a los ayuntamientos «en manos privadas» y pretende controlar las corporaciones municipales «desde Madrid».

Tras presentar una proposición no de norma en las Juntas Generales de Bizkaia, la apoderada de la coalición Irune Soto denunció que el proyecto del PP «limita totalmente las competencias y los recursos financieros de los ayuntamientos», ya insuficientes. Señaló que el anteproyecto es un «ataque directo» al futuro de los ayuntamientos pequeños», en la medida en que «abre las puertas para que aquellas administraciones locales que no cumplan con los objetivos económicos y financieros establecidos en Madrid, puedan ser intervenidas». Llamó la atención sobre la limitación que impone a la unión de administraciones locales para fines o servicios comunes, condicionando el futuro de mancomunidades, consorcios y cuadrillas. La coalición plantea una respuesta unitaria de las instituciones vascas contra el anteproyecto.