La Diputación de Gipuzkoa informó ayer de que Bidegi ha contratado una consultora externa para revisar «toda la contabilidad», incluyendo las facturas aparecidas en una caja en un almacén. La portavoz foral, Larraitz Ugarte, repasó lo acontecido en torno a la sociedad que gestiona las autopistas durante primeros de marzo, cuando el PNV acusó a Bildu de «actuar como la Stasi».

La pasada semana se reveló que la nueva dirección de Bidegi tuvo que contratar a una empresa para hacer una copia de seguridad del sistema informático y poder acceder al mismo con nuevas claves, toda vez que los anteriores responsables se habían negado a facilitarlas.

«¿Es grave pedir unas facturas que no aparecen? ¿Es grave que se solicite a una empresa especializada que haga esas copias de seguridad? ¿Es grave que la directora general disponga de las claves y contraseñas necesarias para desempeñar su trabajo diario?», se preguntó Ugarte, quien apostilló que lo grave es «que Bidegi soporte una deuda de 900 millones, de los cuales 295 son fruto de desfases».

«Bidegi es una sociedad pública sobre la que nos corresponde ejercer un control. A sus anteriores responsables les incumbe poner toda la información a nuestra disposición, para que podamos ejercer nuestro control y gestión, lo cual no ha ocurrido hasta el momento, y ello pone nervioso a más de uno. Esa es la realidad», sentenció la portavoz foral.

Sin pagar los blindajes

En cuanto al despido de los tres directivos de Bidegi que tenían un contrato blindado, Larraitz Ugarte aseguró que no han recibido la indemnización contemplada -en torno a 300.000 euros por persona- al haberse producido el cese «por causas objetivas» y no tratarse de despidos improcedentes.

La portavoz enmarcó estos despidos en el proceso de «rescate» y «reconversión» que ha puesto en marcha la Diputación de Gipuzkoa en Bidegi y que contempla un cambio en sus atribuciones.