El Gobierno indio pierde un aliado por negarse a condenar el genocidio tamil en Sri Lanka
Un partido indio anunció ayer su retirada de la coalición en el poder tras presionar en vano al Gobierno para que condene a Sri Lanka, acusada de crímenes de guerra contra el pueblo tamil, lo que ha debilitado más Ejecutivo.
GARA | NUEVA DELHI
El partido regional Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), la segunda mayor formación de la coalición de Gobierno en India, anunció ayer su retirada del Ejecutivo, lo que le ha debilitado aún más ya que solo dispone de una minoría en el Parlamento, aunque el ministro de Finanzas, P. Chidambaram, resaltó la «estabilidad» del Gobierno y negó la existencia de una crisis política.
El DMK había presionado sin éxito al Ejecutivo que lidera el Partido del Congreso para que condene a Sri Lanka, acusado de crímenes de guerra contra la minoría tamil durante el conflicto que finalizó el mayo de 2009 con decenas de miles de muertos, la mayoría civiles, en la ofensiva final de las tropas cingalesas contra los Tigres para la Liberación de Tamil Ealam (LTTE).
El líder de esta formación, con base en el estado meridional de Tamil Nadu, Muthuvel Karunanidhi, anunció en una rueda de prensa en Chennai (antigua Madrás) su salida de la coalición de la Alianza Progresista Unida (UPA), en el poder desde 2009. «No podemos aceptar la posición del Gobierno», afirmó.
A menos de que se logre un compromiso de última hora, la decisión del DMK aumenta las probabilidades de que se adelanten las elecciones generales previstas para mediados de 2014, ya que la UPA perdió en setiembre del año pasado a otro partido regional clave.
El DMK, que depende de los votos de la comunidad tamil que tiene fuertes vínculos con los tamiles de Sri Lanka, cuenta con 18 parlamentarios en la Cámara Baja y tenía cinco puestos en el Gobierno, cuatro de ellos con funciones de ministros delegados.
Karunanidhi había advertido el fin de semana de que su partido dejaría la coalición si el Gobierno no apoyaba una resolución propuesta por Estados Unidos ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra para condenar «el genocidio y los crímenes de guerra» cometidos en Sri Lanka.
El Partido del Congreso, que se apoya en los pequeños partidos regionales, había enviado el fin de semana a Tamil Nadu a tres representantes del Gobierno para intentar reconducir la crisis.
Desde el sangriento final de conflicto en Sri Lanka, Colombo ha sido acusado repetidamente de abusos cometidos por las fuerzas gubernamentales en los últimos meses, aunque Sri Lanka ha negado todas las acusaciones de crímenes de guerra y se niega a abrir una investigación internacional.
El conflicto que enfrentó al Ejército cingalés con la guerrilla tamil se prolongó desde 1972 hasta mayo de 2009 y, según estimaciones de la ONU, causó unas 100.000 muertes.
Organizaciones de derechos humanos creen que en los últimos meses las fuerzas gubernamentales mataron a 40.000 civiles tamiles. También se ha acusa- do al LTTE de abusos y de haber utilizado a civiles como escudos humanos.
«No hay crisis»
El ministro indio Chidambaran negó que el Ejecutivo haya perdido la gobernabilidad: «El Gobierno es estable, el Gobierno va a continuar», declaró. «No hay crisis», agregó.
También señaló que el líder del DMK podría reconsiderar su decisión si el Parlamento aprueba una resolución condenando a Sri Lanka. «Revisará su decisión si esa resolución es tomada en consideración por el Gobierno», dijo.
El portavoz del DMK T.K.S. Elangovan indicó a AFP que sus ministros renunciarán, pero también dio a entender que el anuncio de su partido podría ser una táctica para forzar al Partido del Congreso a endurecer su crítica a Sri Lanka.
La Cámara Baja india (Lok Sabha) aprobó ayer una ley que endurece los castigos contra responsables de agresiones sexuales y que contempla, incluso, la pena capital en casos de violaciones de especial gravedad.
La nueva legislación, cuyo borrador fue presentado ayer por la mañana en la Cámara Baja, fue sometida a votación a última hora de la tarde, en presencia de apenas un tercio de los diputados y con ausencias en la bancada gubernamental, informó Efe.
La normativa, que deberá pasar esta semana el filtro del Senado, prevé aumentar la pena mínima de cárcel por violación de 7 a 20 años, y la máxima a cadena perpetua.
Establece la pena capital en caso de la muerte de la víctima o que ésta quede en estado vegetativo y contempla que el acoso sexual, que antes no estaba penalizado, conlleve condenas de entre tres y siete años.
Y endurece los castigos por ataques con ácido que causen desfiguraciones, aunque los legisladores desestimaron en este apartado ratificar una propuesta en virtud de la cual este tipo de agresores podrían ser condenados a cadena perpetua.
El documento es, en realidad, un compendio de enmiendas al Código Penal indio que el Gobierno ha preparado en los últimos meses después de recibir las recomendaciones de un comité de expertos legales encabezado por un exjefe del Tribunal Supremo.
El endurecimiento de la legislación está motivado por la violación y muerte de una estudiante de 23 años en Nueva Delhi en diciembre pasado, que desató fuertes protestas populares y un debate sin precedentes acerca de la situación de la mujer en India. GARA
