El último decreto-ley del Gobierno español de Mariano Rajoy sobre «medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo» suscita numerosas críticas. ELA lo calificó de «brutal» y, como indicó su secretario general, Adolfo Muñoz, Txiki, «esta agresión afecta a toda la sociedad». A su juicio, «los mismos que defienden a los corruptos, están destruyendo el empleo, el salario y todo lo que es el espacio social», mientras que «se garantiza una fiscalidad al servicio de las rentas altas y de capital».

Janire Landaluze, del Gabinete de Estudios, y Mikel Noval, responsable de Política Social, desgranaron las medidas aprobadas por el Gobierno español que «son la concreción de una voluntad política de seguir actuando para que la distribución de la riqueza se haga cada vez de manera más a favor del capital».

La central sindical sostiene que «son medidas de empobrecimiento generalizado de la población, que van en la dirección de las desigualdades sociales. Son, por tanto, unas medidas absolutamente inaceptables». Así Landaluze confirmó que «se produce un castigo doble a quienes quieran prejubilarse» y Mikel Noval añadió que «ha introducido ya el factor de sostenibilidad del sistema de pensiones, con lo que podrán modificar lo que sea». Noval recordó que, antes de esta agresión al sistema público de pensiones, la sociedad vasca en Hego Euskal Herria rechazó la anterior agresión sobre el sistema de pensiones, que fue acordada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE, con la CEOE y los sindicatos CCOO y UGT.

Especuladores

Ante esta grave situación, Txiki Muñoz señaló que esta actuación en contra de la mayoría de la sociedad es la prolongación «del Acuerdo de Estado que PP y PSOE firmaron -con la abstención del PNV- para modificar la Constitución española, de tal forma que se antepuso el pago de la deuda a los especuladores en vez de actuar en favor de la sociedad que estamos sufriendo el gran drama de la crisis económica, el paro y el empobrecimiento bestial». Acusó a esos políticos y gobernantes «de ocultar» lo que viene por detrás y, en cambio, «dar cobertura siempre al capital y a la élite económica».

En este caso, el líder de ELA aseguró que «se está destruyendo todo lo social, sistemáticamente, y lo están desmontando los mismos que defienden a los corruptos». Añadió que «el sistema financiero se estará frotando las manos porque las pensiones públicas, en la medida en que bajan tienen una función de vaso comunicante y aquí se quiere hacer un negocio privado en función de que lo publico se vaya retirando y el objetivo es que las entidades financieras tengan más negocio con la gestión de las pensiones privadas», porque «reduce prestaciones» y el acceso a las jubilaciones anticipadas «se dificulta», con lo que será «más difícil crear empleo».

Inaplicación

Por otro lado, Muñoz se refirió a la inaplicación de los convenios. En el decreto-ley figura la posibilidad de que la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos puede resolver las peticiones de inaplicación de los convenios en el caso de las empresas que estén situadas en una sola comunidad, cuando antes debían de estar en varias. «Han cedido a los planteamientos de Confebask. Es indignante», dijo el secretario general de ELA. Pidió a Lakua que «no lo aplique».