DERECHOS DE LOS PRESOS VASCOS
Madrid presiona a la Gran Sala hasta el último minuto
Una representante de Interior acudirá junto a tres representantes de asociaciones de víctimas a la decisiva vista oral de hoy sobre la doctrina 197/2006. Movilizaciones en Euskal Herria harán visible la mayoría social por el cambio de la política carcelaria. La sentencia, en semanas o meses
Ramón SOLA | DONOSTIA
El 20 de marzo de 2013 llegó al fin. Es un día marcado en rojo hace tiempo por decenas de presos vascos y familiares sometidos a una doctrina que lleva ya siete años alargando artificialmente las condenas. Y, por extensión, también por todos los que esperan que Europa marque un punto de inflexión en la política carcelaria y allane el camino a la solución de las consecuencias del conflicto.
Aunque la importancia política del asunto es vital, el caso se resolverá en una vista breve y muy técnica. Los veinte magistrados que conforman la mayor instancia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos analizarán durante apenas hora y media los argumentos de las dos partes. Los representantes del Gobierno español defenderán en media hora el recurso contra la sentencia que dio la razón a la presa de Tafalla Inés del Río hace ya ocho meses. El mismo tiempo tendrá luego la defensa de Del Río, con un equipo formado por abogados vascos pero reforzado y liderado por el letrado inglés Mark Muller. Después habrá un turno de réplica de un cuarto de hora para cada una de las partes. La parte estatal lo tiene más difícil dado que debe conseguir revocar la sentencia inicial, que fue muy detallada y unánime. También juega en su contra que algunos de los siete jueces que la emitieron se sientan igualmente hoy en el tribunal de la Gran Sala.
Tras la vista arrancará la deliberación judicial, que puede durar semanas o meses. La defensa calcula que puede haber sentencia para junio, aunque otros medios citan que en ocasiones la Gran Sala se ha tomado hasta un año para resolver. Lo seguro es que habrá un fallo contundente y definitivo, no solo sobre este caso sino sobre el conjunto de esta polémica práctica.
Víctimas y gobierno, en la sala
Consciente de que a partir de hoy la pelota ya está solo en manos de los jueces, el Gobierno del PP -que decidió en julio pasado mantener la doctrina intacta haciendo oídos sordos a Estrasburgo- ha llevado sus presiones al extremo. La voz cantante ha sido la del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha hablado con sus homólogos europeos para pedir ayuda, aunque obviamente conoce que los jueces de la Gran Sala no representan a los estados (de hecho, el magistrado español que participó en la sentencia de julio y que volverá a estar hoy en el tribunal, Luis López Guerra, dio la razón a Inés del Río).
Fernández Díaz ha recurrido al alarmismo, intentando transmitir al Tribunal Europeo que la sentencia dejaría en la calle a «violadores y asesinos en serie». Con ello, implícitamente Madrid viene a reconocer que no hay alarma social en torno a la excarcelación de los presos vascos dado el fin de la lucha armada de ETA. Una situación muy diferente a la de 2006, cuando se inventó esta doctrina aprovechando el escándalo mediático recreado en torno a la liberación de presos como Iñaki de Juana, según admitía ayer en ``El País'' la exdirectora de Instituciones Penitenciarias Mercedes Gallizo.
En las últimas horas, el ariete de las presiones ha pasado a las asociaciones organizadas de víctimas de ETA, actuando siempre de la mano de representantes del Gobierno español. Así, el Ministerio del Interior se encargó de informar de que en la sala de vistas estará hoy la directora general de Apoyo a Víctimas del Gobierno español, Sonia Ramos, junto a la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco; la presidenta de la AVT, María Ángeles Pedraza; y el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero.
Trascendió igualmente que la Defensora del Pueblo español, Soledad Becerril, ha remitido una carta al comisario europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, en la que muestra preocupación por una eventual anulación de la doctrina. La considera «de extraordinaria importancia» y recurre de nuevo al dolor que provocaría en las víctimas de ETA, obviando que todos los presos sometidos a esta práctica han pasado ya más de dos décadas de cárcel, en lo que suponen los mayores cumplimientos de condena en el Estado español y en toda Europa.
La posibilidad de que la sentencia de julio sea volteada tras la sesión de hoy no es alta dada la contundencia del fallo del 10 de julio de 2012. Otro tanto ocurre si se analiza la línea que ha fijado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde 2008 en torno al principio de legalidad, que es el clave en este tema (la doctrina quebró el principio de irretroactividad de las leyes). La tendencia de la jurisprudencia europea al respecto resulta clara, según admitía la pasada semana en Bilbo el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, uno de los «padres» de esta doctrina.
En el caso de que la Gran Sala mantuviera el dictamen de julio y tumbara definitivamente la doctrina sin posibilidad de apelación, quedaría por saber si el Estado español se resistirá todavía. Los mensajes al respecto no son claros, como demuestran las respuestas dadas ayer a ``El Mundo'' por Gonzalo Moliner, presidente del Tribunal Supremo español y del Consejo General del Poder Judicial: «Tendríamos que asumir la sentencia, aunque crearía una situación preocupante. En todo caso, conviene esperar a conocer el fallo, la argumentación, para que los órganos judiciales españoles que pudieran verse afectados decidan cuáles son sus consecuencias en el ordenamiento interno», sostiene.
Calparsoro no ve duda
Bastante más claras se ven las cosas en Euskal Herria, donde existe una nítida mayoría social, política, institucional e incluso judicial contra esta doctrina. Como botón de muestra, el fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Calparsoro: «En caso de que Estrasburgo confirmarse la sentencia, todos los tribunales españoles la aplicarían a la mayor brevedad», afirmó ayer.
Calparsoro añade que hay que tener en cuenta «la realidad social» y que de hecho fue este factor el que llevó a implantar la doctrina en 2006, por lo que no debería obviarse cuando ahora toca actuar en sentido contrario.
En Estrasburgo también habrá presencia vasca, pero además se han convocado decenas de protestas de todo tipo en Euskal Herria en el día de hoy, centradas en localidades en que hay vecinos que padecen o han padecido la doctrina.
El Tribunal de Westminster dio luz verde ayer a la entrega del vecino de Iruñea Iñaki Lerín al Estado español para que sea juzgado. La decisión se puede recurrir, por lo que de momento seguirá preso en la cárcel de Long Lartin. Lleva encarcelado en Inglaterra desde junio de 2012.
En una vista rápida, el juez Nicholas Evans emitió un dictamen favorable a la petición de la Fiscalía, en representación de la Justicia española.
Lerín estuvo acompañado por un grupo de amigos que le apoyaron desde la galería del público. Su defensa argumentó el «riesgo flagrante de juicio injusto». En la vista preliminar anterior, incidió en que las acusaciones tienen su base en declaraciones efectuadas bajo tortura. Por contra, el juez Evans aseveró que «el punto de partida debe ser que España es un socio de extradición de confianza, que actúa de buena fe».
Por contra, Joseba Gotzon Vizán, detenido en Brasil desde octubre, quedará libre cuando se solucionen algunos trámites, reveló Etxerat anoche. Un centenar de personas se concentraron por los presos en Bilbo.
Euskal presoen senideak eta lagunak biltzen dituen Etxerat elkarteak gaur Estrasburgoko Auzitegian egingo den 197/2006 doktrinaren azterketa arreta bereziarekin jarraitzen duela adierazi zuen atzo. Ines del Rioren eskubideen aldeko epaiari Estatu espainolak jarritako helegiteari erantzuteko unea azkenik iritsi delarik, «giza eskubideak jokoan» daudela nabarmendu zuten senideek.
Hodeiert Urain 197/2006 doktrina aplikatua duen Jokin Urainen semea eta Jone Lazkoz doktrina ezarri dioten eta gaixotasun larria duen Jesus Mari Mendinuetaren bikotea mintzatu ziren atzo, Iruñean, Estrasburgoko Auzitegiaren erabakiak duen garrantziaz. «Gure senide eta lagunei bere garaian zigor bat ezarri zieten, hasiera eta amaiera data zuten zigorrak», adierazi zuten, baina 2006az geroztik, Espainiako Auzitegi Gorenak 197/2006 doktrina ezartzen du, eta «eskubidearen kontrakoa izan arren, atzera eraginarekin aplikatzen du». «Preso politikoak bizi osorako zigortzen ditu, berez zigortuak ez zeuden zigor batera, eta ondorioz, gu ere zigortuak gara zigor erantsi batera», nabarmendu zuten senideen izenean, Urainek eta Lazkozek.
Neurri bereziak badu helburu argi bat, Etxeraten ustez: «Gure senideak kolpatzeko eta mendekuaz eta sufrimenduaz baliatzeko beste mekanismo bat besterik ez da. Espetxe politika zehatz baten erreminta», adierazi zuten.
Testuinguru berean, Estrasburgoko Auzitegiaren erabakiak duen eragina nabarmendu zuten atzo Sortuk, Eusko Alkartasunak, Aralarrek, Alternatibak eta Abertzaleen Batasunak agerraldi batean, «estatuek konponbide prozesua oztopatzeko esku artean duten tresna nagusietakoa kolokan geratu daitekeelako», eta ondorioz, «PPk gidatzen duen blokeo estrategia osoa baldintzaturik gera daitekeelako».
Epaiak duen garrantziaren isla Madrilgo Gobernuaren mugimenduetan ere ikusten dute. Esan zutenez, horren erakusle dira PPk egindako «esfortzu bereziak» eta espetxe politika justifikatzeko martxan jarri dituen «presio mekanismoak». Esan zutenez, Madrilen zein Parisen badakite Estrasburgok uztaileko epaia berretsiz gero, espetxe politikan urratsak egitera behartuta daudela, eta hor kokatzen dute «alarma soziala» astintzearen saiakera. «Gizartearen arazo bezala saldu nahi dute orain beren itxikeriaren eta estrategia politikoaren ondorio bat dena», salatu zuten Maiorga Ramirezek eta Marian Beitialarrangoitiak.
Bake prozesua bultzatzeko Foro Sozialean zein Baionan izandako Bake Foroan, gatazkaren konponbide integralerako presoek izan behar duten papera nabarmentzearekin batera, gizartearen inplikazioa «derrigorrezkoa» dela adierazi zuten bost alderdiok, bai estatuen blokeo estrategiak gainditzeko zein presoen eskubideak defendatzeko berme gisa.
ELA sindikatua ere doktrinaren kontra azaldu zen, eta mobilizatzeko dei egin zuen. «Berehala indargabetzeko» exijitzearekin batera, eskubideak urratzen dituela salatu zuen. Senideei eragiten dien «sufrimendu gehitua» salatu zuen sindikatuak. Gogorarazi zuenez, gaixotasun larriak dituzten hamalau preso politikoetatik sei duela hogei urtetik gora dituzte espetxean, eta euretako bosti doktrina ezarri diete. LABek ere kalera aterako du gaur.
