La querella presentada en Argentina por crímenes cometidos durante el franquismo podría dar un nuevo giro después de que los abogados Carlos Slepoy y Ana Messuti pidieran a la juez María Servini de Cubría, quien instruye la querella, que ordene la detención con fines de extradición de funcionarios, exjueces y policías, a quienes testigos y supervivientes acusan de diferentes delitos. En concreto, pidieron el arresto de Juan Antonio González Pacheco, «un torturador notorio condecorado en democracia, una especie de Astiz -en alusión al exmarino argentino Alfredo Astiz, condenado y acusado de múltiples crímenes de lesa humanidad-», Rodolfo Martín Villa, Roberto Conessa, José Utrera Molina -suegro del ministro de Justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón-, Fernándo Suárez González -quien firmó la condena a muerte contra dos militantes de ETA y tres del FRAP en setiembre de 1975-, Jesús Cejas Mohedano -exvocal del Consejo de Guerra que condenó a los militantes del FRAP-, José Ignacio Giralte González -excomisario de la Policía española-, Celso Galván Abascal -escolta de Franco- y Jesús Muñecas Aguilar.

Slepoy valoró positivamente la reunión con Servini de Cubría. «Creo que es consciente de la trascendencia histórica de este procedimiento. Argentina abrió el camino jurídico poniéndose en consonancia con todas las normas internacionales para juzgar estos crímenes», resaltó.