Tras varias semanas de espera, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) decidió ayer imputar al secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y presidente del grupo parlamentario de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, por un presunto caso de tráfico de influencias en el caso de las ITV.

El tribunal lo decidió tras dar por buenos los indicios que apuntan a que el hijo del expresident Jordi Pujol hizo valer «su peso político» para conseguir la adjudicación de varias estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV); todo «con el objetivo de obtener beneficios económicos», según se lee en la interlocutoria emitida por el alto tribunal.

Apenas media hora después de conocerse la noticia, el mismo Oriol Pujol compareció ante los medios de comunicación para informar, tal y como había avanzado veladamente, que delegaba «temporalmente» sus funciones al frente de CDC y del grupo parlamentario de CiU. Eso sí, consideró «desmesurado» renunciar a su acta de diputado, por lo que mantendrá su escaño en el Parlament.

También dejó claro que la decisión de abandonar temporalmente sus cargos es «reversible», por lo que pidió «celeridad a la Justicia» para poder aclarar los hechos. Para escenificar el anuncio, el secretario general de CDC compareció flanqueado en todo momento por Jordi Turull -que le sustituirá al frente del grupo parlamentario-, Josep Rull y Lluis Coromines -que tomarán las riendas del partido en su ausencia-.

Pujol aseguró ser «muy consciente del contexto» en el que se produce la noticia de su imputación, con «un profundo descrédito de la política y los políticos» por un lado, y «el proceso de transición nacional en Catalunya» por otro. Recordando, una vez más, que dicho proceso «va mucho más allá de mí, de CDC o de CiU», el que hasta ahora era llamado a suceder a Artur Mas como president repitió que «nadie debe ser un estorbo en este proceso».

Una vez anunciado el abandono parcial de sus cargos, Pujol se puso el traje de imputado para reivindicar su inocencia y repetir, por enésima vez, que no ha sido «ni colaborador ni necesario en ninguna trama corrupta».

Del respeto a la indignación

Las reacciones del arco parlamentario oscilaron entre el respeto y solidaridad con Pujol hasta la contundente reclamación de que abandone también su escaño. Como no podía ser de otra manera, el portavoz del Govern, Francesc Homs, alabó la figura de Pujol y aseguró que su decisión «le honra»; más o menos en la línea en la que se pronunció el líder de UDC, Josep Antoni Duran i Lleida, que recordó que «un imputado no es culpable».

Más complicada fue la posición de ERC, socia de CiU en esta legislatura, cuya secretaria general, Marta Rovira, evitó pedir su dimisión y señaló que «ha hecho mucho más que otros en su situación». Más o menos como el PSC, que también tiene a su exsecretario de organización y todavía diputado Daniel Fernández imputado por corrupción.

Las peticiones de que abandone el escaño en el Parlament vinieron tanto desde la izquierda catalana como desde la derecha unionista, a través del PP y Ciutadans. El diputado de la CUP Quim Arrufat pidió que Pujol «pase el acta de diputado» a alguien sin casos de presunta corrupción a sus espaldas, mientras que, desde ICV-EUiA, Dolors Camats pidió la dimisión por razones «políticas y éticas».