La pasada semana tuve la oportunidad de comparecer en las Juntas Generales de Araba representando a Jaiki Hadi y con la intención de explicar las reflexiones de nuestra asociación sobre la cárcel y su influencia en la salud. Poco antes del inicio de la comparecencia la representante del PP en la comisión se ausentó. Fue una pena porque gran parte de mi intervención estaba dirigida precisamente a quienes definen y diseñan las instituciones y políticas penitenciarias, es decir, el gobierno de su partido.

Solo unos días antes, esta vez en el Parlamento Vasco, la actitud fue bien diferente (parece que el rango de la institución establece de alguna manera el nivel de intervención), y sin embargo tampoco sirvió para el debate y el contraste de ideas, o al menos así se interpretó por su presidenta, que decidió que la tensión en la Cámara era excesiva. Curioso parlamento que no sirve para hablar y curioso sistema de representación política el que amenaza con la ilegalización del que discrepa.

Como asociación de profesionales preocupados por la salud de los presos y presas vascas, no nos corresponde participar en la discusión entre los representantes de los partidos políticos y, sin embargo, el fondo del debate que surge una y otra vez en todos los ámbitos de la sociedad sí que nos corresponde a todos.

Para Jaiki Hadi existen dos evidencias que hemos comprobado a lo largo de los años:

La primera es que las cárceles españolas y francesas, que son las que conocemos a fondo, son instituciones de cumplimento penal que generan por sí mismas enfermedad debido a las condiciones que imponen en el día a día a las personas presas.

La segunda es que la política penitenciaria de excepción aplicada a los presos y presas vascas agrava aún más la situación de aquellos que padecen alguna enfermedad e impide su atención sanitaria adecuada, ensombreciendo así su calidad de vida presente y futura.

Así esta ocurriendo en el caso de los presos arabarras; Gotzone, Jose Angel y José Ramón y así fue desgraciadamente para Anjel Figueroa fallecido en régimen de prisión atenuada. Esta situación que se prolonga en el tiempo de manera incomprensible para la mayoría social de este país se convierte en un debate incoherente cuando no irracional en instancias institucionales.

Porque si nuestros pacientes presos son personas penadas sin más, que no se les impongan medidas excepcionales, y si no son parte de ningún colectivo, que se les aplique el tratamiento individualizado que marca el reglamento penitenciario.

Sin embargo, son los propios responsables de la política penitenciaria los que marcan la diferencia y los que utilizan al colectivo como moneda de cambio para otros objetivos que nada tienen que ver con el cumplimiento penal.

Pero afortunadamente el debate social va por otros derroteros. La mayoría social de Euskal Herria quiere que acabe de una vez por todas el sufrimiento, sin chantajes ni venganzas, y esto se puede percibir día a día en nuestra sociedad.

Cuando en una Europa destrozada tras la Segunda Guerra Mundial se decidió establecer mínimos de convivencia entre los supervivientes de la contienda, se firmó el Convenio de Ginebra. En dicho convenio, por primera vez, la sociedad comprendió que la negación de los derechos fundamentales del «enemigo» solo conseguía prolongar el conflicto y alejar la paz. En dicho convenio se estableció el desarrollo del «principio de humanidad y de los dictados de la conciencia publica» al que tantas veces hacemos alusión desde Jaiki Hadi.

Conviene recordar que este convenio sigue vigente y que los estados español y francés se encuentran entre sus firmantes. Por él se establece que la razón ultima para decidir que una práctica o un acto es recomendable e incluso exigible al poder público, es la de que su inaplicación sacrificaría el valor supremo de una vida cuando esta debe estar precisamente salva- guardada.

No nos cansamos de afirmar que la aplicación de este principio no solo no lesiona el sentido de la justicia, sino que lo humaniza y de ninguna forma supone una muestra de debilidad de cualquier estado, sino una apuesta decidida por la paz y la convivencia.

Y, sin embargo, ¡qué poco avanzamos¡ Continuamos sumergidos en un conflicto político, social y humanitario mientras las vidas se pierden y el sufrimiento permanece.

Como médicos y psicólogos de estos pacientes «excepcionales» a menudo sentimos la impotencia y el desaliento de no poder hacer más por mejorar su día a día, por darles un poco más de calidad de vida, por traerles con su familia y sus amigos... y quisiéramos compartir con toda la sociedad esta desazón y elevar el nivel de exigencia a los responsables de esta situación inaceptable para un país que quiere vivir en paz.

En memoria de Anjel y todos aquellos que han perdido la vida y la salud en la cárcel.

Euskal presoak etxera!!