El comité de Corrugados Azpeitia asegura que la empresa es viable
El jueves se confirmaba la noticia que los trabajadores de Corrugados Azpeitia ya venían sospechando: el Grupo Gallardo cerrará la planta guipuzcoana, lo que supone la destrucción de 300 puestos de trabajo directos y 100 indirectos. Los trabajadores aseguran que la planta tiene mercado y que la decisión responde a una «apuesta de Gallardo por España».
Iraia OIARZABAL | AZPEITIA
Tras una pancarta en la que podía leerse «Corrugados ez itxi» y visiblemente afectados, con una mezcla de sentimientos entre el enfado y la desesperación, los trabajadores de Corrugados Azpeitia denunciaron la decisión del Grupo Gallardo de cerrar la factoría, destruyendo 300 puestos de trabajo directos y más de 100 indirectos. Una decisión que no pilló por sorpresa a los trabajadores, que después de casi dos años de conflicto ya temían este fatal desenlace.
Representantes del comité de empresa -formado por LAB y ELA- destacaron que se trata de una decisión que viene de tiempo atrás y señalaron varias razones que hacían pensar en ello. Entre otras cuestiones, mencionaron que las nóminas y las cantidades adeudadas del año pasado estaban sin pagar y que los proveedores tenían orden de no servir materia prima. Asimismo, sacaron la producción terminada de la empresa y la llevaron a otro almacén.
Respecto al conflicto con la parte social, la empresa no terminaba de cerrar el acuerdo a pesar de que se dio un acercamiento en las posturas de las dos partes. Destacaron que dicho acercamiento fue posible gracias a la iniciativa sindical, que puso diferentes propuestas sobre la mesa, incluyendo hablar de costes salariales. No obstante, el Grupo Gallardo no daba pasos adelante, negándose incluso a asegurar la continuidad empresarial más allá de los seis meses y amenazando con el cierre en caso de pérdidas en este periodo.
«La gota que colmó el vaso»
A todas estas razones los trabajadores añadieron una más, y la que en su opinión, ha desencadenado la decisión definitiva de cierre. Y es que según han podido saber esta semana, los directivos de Azpeitia han interpuesto una demanda para rescindir sus contratos y cobrar 45 días por año de indemnización. «Esto ha ayudado a que el Grupo Gallardo tome la decisión que ha tomado», sentenciaron.
La plantilla tiene claro que la planta de Azpeitia es viable y afirma que tiene sitio en el mercado, también fuera del Grupo Gallardo. De hecho, según apuntaron, Gallardo garantiza 300.000 toneladas y gracias a las gestiones de la Diputación de Gipuzkoa ha surgido la oportunidad de producir otras 150.000 toneladas.
Por ello, opinan que detrás de esta decisión hay una clara apuesta por la planta de Getafe. «Es una decisión a favor de España», criticaron. Además, acusaron a la empresa de estar alargando la negociación para fundir y producir barra corrugada con toda la chatarra que había en la empresa. «Al igual que en las anteriores negociaciones, la empresa ha actuado de mala fe con los trabajadores».
Una clausura que, además de dejar a 300 trabajadores en la calle, va a suponer un duro varapalo para la economía de la comarca.
Los trabajadores esperan recibir en las próximas semanas -probablemente tras las vacaciones de Semana Santa- la notificación oficial del ERE que supondrá el cierre de la empresa. La próxima semana celebrarán una asamblea para decidir la dirección a tomar para hacer frente a esta medida, pero de momento prevén seguir con las movilizaciones.
Así, hicieron un llamamiento al pueblo de Azpeitia y a las instituciones públicas de Euskal Herria, especialmente a la Diputación de Gipuzkoa y al Gobierno de Lakua, a implicarse en el conflicto y comprometerse con el futuro de la planta.
El conflicto de Corrugados Azpeitia comenzó en noviembre de 2011, con la presentación de un ERE de extinción para 140 trabajadores. Posteriormente, planteó el despido de otros 60 empleados, un expediente que el TSJPV declaró nulo. En este vaivén de expedientes, sentencias y despidos, los trabajadores han mantenido diferentes huelgas, encierros y movilizaciones. Por ahora, y a la espera de nuevos movimientos, la plantilla teme el peor de los desenlaces.
La decisión del Grupo Gallardo tampoco ha sido bien vista por la Diputación de Gipuzkoa, que ayer invitó a la propietaria de la planta guipuzcoana a reconsiderar su decisión y dar marcha atrás. La institución foral niega que ésta sea la única solución y exige a los propietarios que concreten un plan de viabilidad.
El propio Diputado General, Martín Garitano, confirmó ayer que la Diputación tiene muy adelantada una negociación que garantizaría trabajo para esta acería durante al menos los próximos seis meses, en concreto un pedido de 10.000 toneladas al mes de acero corrugado desde un país sudamericano. Criticó que la decisión de cierre no haya sido notificada al gobierno foral cuando hace menos de dos semanas se mantuvieron conversaciones con los propietarios para concretar este posible pedido y señalaron que esta actitud hace pensar que «durante todo este tiempo Gallardo tenía la decisión tomada de antemano y ha tratado de dilatar la situación mientras lograba rebajar las condiciones laborales de la planta de Getafe», una situación que cree podría repetirse en la planta de Azpeitia.
El Gobierno de Lakua, por su parte, anunció que pedirá explicaciones a Gallardo por adoptar esta decisión, que calificó de «pésima noticia», sin haber comunicado «absolutamente nada» a las instituciones vascas».
La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, aseguró ayer que Corrugados Azpeitia tenía «un futuro real y posible» y advirtió de que la industria vasca no está muriendo, sino que «la están matando» desde las instituciones. GARA
El conflicto de Corrugados Azpeitia comenzó en noviembre de 2011 con la presentación de un ERE de extinción para 140 empleados. Después planteó otros 60 despidos que el TSJPV declaró nulos. La plantilla ha protagonizado una huelga y un encierro.
Los comités de empresa de las tres plantas que Arcelor Mittal tiene en Gipuzkoa -Bergara, Olaberria y Zumarraga- hicieron público ayer su descontento ante la actitud de la dirección. Según informan en un comunicado, la empresa plantea reducir el salario en un 15% y ampliar la jornada en 96 horas. Una propuesta que los sindicatos consideran «inasumible».
Además, se muestran críticos con la propuesta de la dirección puesto que ésta misma reconoce que «dichas medidas no garantizan el futuro de las tres plantas».
Por todo ello, los tres comités exigen que antes de negociar las condiciones laborales e imponer la reducción salarial y el aumento de jornada, la dirección presente un plan industrial garantizando tanto el empleo como el futuro de las tres plantas.
GARA
