El informe sobre «Los efectos de la crisis en los juzgados», que el Consejo del Poder Judicial publica por trimestres, confirma unos datos demoledores en cuanto a las pérdidas de vivienda de aquellas familias que no pueden hacer frente a los créditos hipotecarios que han contraído debido a la crisis económica, fundamentalmente.

Así, los datos contabilizan en Hego Euskal Herria durante el año pasado 4.575 expulsiones de familias de sus viviendas. Supone un incremento del 77,46% respecto al año anterior. En Araba se produjeron 767 desalojos forzosos, otros 2.111 en Bizkaia, además de 733 en Gipuzkoa y 964 en Nafarroa.

Esta situación supone un fuerte crecimiento de la actividad de los desahucios, a pesar de todas las declaraciones que desde distintos estamentos se están realizando para parar esta sangría. La realidad es que en Araba crecieron en un 32,24% los desahucios forzosos, en Bizkaia el incremento respecto a 2011 fue del 67,53% y en Gipuzkoa el aumento llegó al 82,3%. En Nafarroa, quienes han perdido su vivienda aumentaron en un 187% el año pasado.

Los datos a nivel del Estado español confirman que al cierre de 2012 se multiplicó casi por seis con respecto a 2007, pasando así de 33.882 a 198.116 los procedimientos de este tipo. En Hego Euskal Herria entre 2008 y 2012 se han multiplicado por ocho los desahucios forzosos, según los datos oficiales, hasta alcanzar los 12.498 en total desde 2008, cuando la crisis económica se dejó notar en Hego Euskal Herria.

Nueva ley hipotecaria

EH Bildu presentó ayer una proposición no de ley en el Parlamento de Gasteiz en la que pide al Gobierno español que elabore una nueva ley hipotecaria con los criterios que definan si las condiciones de una hipoteca son abusivas. Asimismo, la iniciativa llama a detener «inmediatamente» los desahucios.

En un comunicado, la coalición ha recordado que la semana pasada el Tribunal de Justicia de la UE consideró que el reglamento español en torno a las hipotecas y a los desahucios vulnera las normas europeas de protección de los consumidores. También se emplaza al Gobierno de Urkullu a que, entre otras cuestiones, haga «ciertas peticiones» a las entidades financieras con las que trabaja para que frenen las expulsiones.