La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha condenado a una abogada de Irun, cuyas iniciales son I.G., a nueve años, once meses y quince días de prisión como autora de un delito continuado de estafa a más de una veintena de clientes en las modalidades agravadas de vivienda, especial gravedad por el valor de la defraudación y abuso de relaciones profesionales. La abogada proponía a sus clientes adquirir en subastas, que en realidad no existían, inmuebles supuestamente embargados judicialmente, subrayando que podían comprarlos a un precio muy inferior al del mercado.