En qué punto se encuentra el proceso soberanista catalán? ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar la clase política catalana para garantizar el ejercicio del derecho a decidir? Son preguntas sin una respuesta fácil, que NAIZ abordó la semana pasada a través de entrevistas con representantes de las cuatro fuerzas políticas que aprobaron, el pasado 23 de enero, la Declaración de Soberanía en el Parlament. Concretamente, fueron el portavoz de CiU en el Parlament -y ahora presidente del Grupo Parlamentario en funciones-, Jordi Turull, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, el diputado de la CUP Quim Arrufat y el secretario general de ICV-EUiA, Joan Herrera, quienes desgranaron en sus respectivas entrevistas sus posiciones y pareceres sobre el histórico proceso emprendido por Catalunya a partir de la última Diada Nacional. Es hora de poner en común dichas entrevistas y buscar los acuerdos y desacuerdos entre los principales protagonistas políticos.

Ante todo, cabe constatar la unanimidad que despierta el derecho a decidir entre los cuatro entrevistados, reflejo de la arrolladora mayoría de catalanes que tienen claro que ha llegado la hora de decidir qué futuro político quieren para su país. De hecho, el diagnóstico más básico sobre el porqué del proceso soberanista catalán también es compartido por las cuatro fuerzas: Catalunya está donde está debido a la movilización popular, no a los intereses o los programas de determinados partidos políticos.

Pero la unanimidad se rompe en cuanto la conversación deriva hacia el modo en el que se está llevando a cabo el proceso soberanista desde las elecciones celebradas el 25 de noviembre. De hecho, en el papel a cumplir por parte de la sociedad civil empiezan las discordias. Todos coinciden, en la teoría, en destacar el papel preeminente que le toca cumplir a la ciudadanía, pero en sus propias declaraciones existen matices. Del «llevaremos el proceso hasta el final siempre que notemos que el pueblo de Catalunya nos acompaña» de Turull al «papel crítico y la presión que debe desempeñar la sociedad civil», según Arrufat, hay un mundo. Mientras para unos la sociedad civil se debe limitar a un acompañamiento de la acción del Govern, para otros la presión y movilización ciudadana son los únicos garantes de que el proceso avance. Los movimientos del Govern durante los últimos días, intentando abrir todas las vías de diálogo con el Estado y dejando el proceso soberanista en segundo plano parecen dar la razón a la segunda postura.

Otro tanto ocurre con la centralidad que debe ocupar el Parlament en la gestión del proceso. El propio Turull asegura que «se tiene que articular la centralidad del Parlament de Catalunya», pero la realidad muestra que dicha centralidad no se ha articulado todavía. De ahí, la queja, por ejemplo, del ecosocialista Herrera, que señala que el papel del Parlament estaba recogido en la Declaración de Soberanía pero que, dos meses después de su aprobación, «todavía no hay comisión parlamentaria sobre el derecho a decidir, ni hemos definido una hoja de ruta compartida».

Esta es una crítica que desde ERC Marta Rovira encaja y acepta sin excusas. Su respuesta ilustra las inevitables contradicciones que genera su doble posición de sustento del Govern y primera fuerza de la oposición: «Necesitábamos tener la garantía de que CiU no flaquearía en este camino hacia la libertad nacional, pero nuestro objetivo siempre ha sido el de abrir, compartir y convertir esta hoja de ruta en una hoja de país, porque este camino no puede ser ni de un partido ni de dos».

Este es, precisamente, uno de los principales temores de la CUP e ICV-EUiA, que ven preocupados cómo el proceso se identifica con la acción de un Govern determinado. «¿Cómo vamos a explicar las bondades de un proceso abierto y democrático si quien lo está liderando está destruyendo el estado de bienestar?», se pregunta Arrufat, en la misma línea que Herrera, que sentencia: «El peligro de que el proceso se asocie a a CiU y ERC es que, en determinadas zonas de Catalunya, las clases populares vean con mucho escepticismo el proceso».

Las divergencias no son ajenas, en último término, a cómo entiende la independencia de Catalunya cada una de las formaciones. Todos coinciden, faltaría más, en que un Estado propio debería servir para que catalanes y catalanas viviesen mejor, pero el discurso de la transformación social brilla por su ausencia en las palabras de CiU, toma algo de forma con ERC y se convierte en fundamental para la CUP e ICV-EUiA, que entienden la independencia como «el instrumento que nos tiene que permitir gobernarnos a nosotros mismos», en palabras de Arrufat.

Alternativas a la cerrazón española. El Estado español no permitirá, de ninguna de las maneras, que Catalunya celebre una consulta vinculante sobre su futuro político. Esta es una premisa aceptada -por algunos con mayor reticencia que por otros- por las cuatro formaciones entrevistadas.

Coinciden también en que, una vez constatado el veto del Estado, será necesario buscar nuevas fórmulas para ejercer el derecho a decidir, que califican de irrenunciable. Este es, de hecho, el punto que los separa del PSC, que asegura defender la consulta sobre el futuro político de Catalunya, pero solo si es autorizada por el Gobierno español. Todo un oxímoron.

Pero el escenario que se abre tras la esperada negativa del Estado no está definido. De hecho, la única hoja de ruta existente es la pactada por CiU y ERC al inicio de la legislatura y esta apenas aborda un escenario en que sea imposible convocar una consulta.

CiU y ERC prefieren esconder cartas, señalando que «no descartan ningún recurso para que del pueblo de Catalunya salga un mandato democrático sobre el futuro político del país», en palabras de Rovira, y escudándose en que no van «a pecar de ingenuidad y explicar qué vamos a hacer si falla el plan A», según Turull. Pero desde hace unas semanas, toma fuerza la idea de un adelanto electoral en clave plebiscitaria, en la que el bloque del sí presentase una sola lista con el mandato de proclamar la independencia. Así lo admitía el propio Turull en su entrevista.

También se ha hablado de aprovechar las elecciones europeas de mayo del 2014 para convertirlas en un plebiscito sobre la independencia, aprovechando así una estructura electoral ya construida, que permitiría acceder al censo electoral.

No es un escenario que guste en las filas de la CUP e ICV-EUiA. Desde la Esquerra Independentista, Arrufat advierte de que esta es «la manera más fácil de dividir a la izquierda de este país» y que supondría volver a la cultura de la transición, «con Convergència llamando a formar parte de su candidatura y convirtiéndose, de nuevo, en la fuerza hegemónica fundadora». En la misma línea, el ecosocialista Herrera recuerda que «en unas elecciones la gente no solo vota en clave nacional».

Pero como suele decirse, es muy fácil criticar y más complicado proponer. Preguntado por un escenario en el que resulte imposible la consulta, Herrera responde con un «ya veremos» y aprovecha para advertir sobre el peligro de «forzar demasiado las cosas», con el riesgo de perder «cosas muy importantes para el modelo de sociedad», como la inmersión lingüística. «En términos políticos, España no hace prisioneros», sentencia el líder de ICV-EUiA.

Desde la CUP sí que tienen su alternativa, que no pasa sino por la desobediencia. «Una vez proclamado soberano el Parlament, la consecuencia lógica es convocar la consulta unilateralmente y así, poniendo la pelota en el tejado de la legitimidad popular, ir a negociar», explica Arrufat. Es decir, abogan por invertir el orden de los factores y, a partir de la desobediencia institucional, convocar una consulta para después poder negociar las consecuencias derivadas de su resultado.

Los hechos y las dudas. Pero sea como sea, este debate sobre las fórmula para hacer efectivo el derecho a decidir cuando se agote el recorrido de la consulta legal no está sobre la mesa de los partidos políticos, al menos públicamente. Aunque resulta obvio que es un escenario contemplado por todos -el propio Turull admite que «es evidente que habrá gente preparando, de manera discreta pero seria, todos los escenarios posibles a nivel jurídico y político»-. Pero desde luego, donde no está el debate es en el Parlament, que según la Declaración de la Soberanía es donde se debería articular la centralidad del proceso. De ahí la sensación expresada por Herrera, que ve «más improvisación que hoja de ruta». Y de ahí también las sospechas de la CUP, expresadas así por Arrufat: «No nos han explicado lo que pretenden hacer, ni a nosotros ni a la población».

Tampoco queda clara la capacidad de resistencia que pueda desplegar la clase política cuando arrecie la represión por parte del Estado español. Todos asumen que los poderes fácticos no han desplegado todavía todos los instrumentos a su alcance para frenar el proceso catalán, pero queda en el aire la pregunta de qué harán el día que el Estado haga uso de la artillería pesada. Porque todos son conscientes de que si el proceso sigue adelante, la inhabilitación del President o la suspensión de la autonomía son medidas aplicables por parte del Gobierno español.

Pero el escenario no es tan negro todavía. De momento, el Estado se ha limitado a mandar por vía directa toda iniciativa catalana al Tribunal Constitucional, a desatar una guerra sucia de baja intensidad -espionaje, florecimiento de casos de corrupción- y, sobre todo, a ahogar financieramente al Principat. Pero ante la necesidad de la Generalitat de cuadrar los presupuestos para 2013, la asfixia financiera ha servido ya para que el Govern suavice en las últimas semanas el discurso soberanista y se centre en la crisis, con el objetivo de conseguir que el Gobierno español relaje el objetivo de déficit. Está por ver si es un movimiento táctico para ganar algo de aire -el Govern tiene dificultades para afrontar los pagos a final de mes- o si estamos ante el inicio de una claudicación sin precedentes.