El documento hecho público ayer por EtxebizHitza es fruto de un proceso de trabajo de más de medio año, en el que distintas asociaciones y sindicatos se han reunido periódicamente en Bilbo en encuentros abiertos a todo tipo de colectivos para consensuar las medidas que desde su punto de vista debería adoptar la Administración de la CAV.

Entre otras cosas, proponen poner en marcha un Servicio Público de Vivienda con representación de la sociedad civil que coordine el conjunto de las intervenciones en materia de vivienda y urbanismo, «para evitar la actual descoordinación entre distintas administraciones». Además, consideran necesario aprobar una Ley de Vivienda -con la que no cuenta la CAV-, que garantice que todas las personas mayores de 18 años «tengan derecho a acceder a un piso digno en alquiler en el que paguen una renta inferior al 30% de sus ingresos».

Asimismo, insisten en que las nuevas viviendas de protección oficial se adjudiquen en régimen de alquiler y no en propiedad y que aquellas que ya han sido edificadas en propiedad pero hayan sido rechazadas por las personas adjudicatarias pasen también a formar parte del parque público de alquiler. A este respecto, realizan un planteamiento novedoso, como es que «se establezcan revisiones anuales del precio a pagar y, además, que en aquellos casos en los que empeore la situación laboral de la inquilina o el inquilino, se activen mecanismos de revisión excepcionales para poder adaptar la renta del alquiler a la nueva situación de las personas antes de la cita anual de revisión».

Viviendas vacías y desalojos

En su documento de propuestas, la plataforma EtxebizHitza se inclina por aumentar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sobre las viviendas vacías hasta un 200% (o aplicar un nuevo gravamen). Además, considera interesante que un futuro Servicio Público de Vivienda pudiera «requisar temporalmente los pisos vacíos para ponerlos en alquiler».

Las asociaciones y sindicatos que participan en EtxebizHitza han presentado también una serie de peticiones para actuar frente a los desahucios y desalojos de viviendas en alquiler y en propiedad. En el caso, por ejemplo, de los desahucios realizados en viviendas de alquiler libre, solicitan que la administración «dé prioridad al paso de la unidad convivencial a una vivienda de alquiler social». Durante el proceso de cambio, plantean que los inquilinos abonen la renta equivalente a un alquiler social, y que el Servicio Público de Vivienda asuma la diferencia entre esa cuantía y la renta anterior mediante un fondo público.

A este planteamiento se suman otra serie de medidas detalladas a lo largo de siete páginas, como equilibrar los derechos de inquilinos y propietarios, regular los precios del alquiler en el mercado libre y revisar las políticas de impagos, así como cambiar la Ley Hipotecaria limitando los plazos máximos de amortización a veinte años, entre otros puntos.

Para que los movimientos sociales puedan adherirse al documento de propuestas, EtxebizHitza ha lanzado una campaña de adhesiones que concluirá el próximo 10 de abril.