Mientras los bancos chipriotas reducían el límite de retirada de efectivo a 100 euros, toda Europa miraba a Bruselas, pendiente de la reunión del Eurogrupo, a la espera de un acuerdo que evitase la bancarrota de Chipre antes de que venciese el plazo del BCE y este cumpliese la amenaza de interrumpir la inyección de liquidez a los bancos de aquel país. Al cierre de esta edición continuaba la incertidumbre.

Con acuerdo o sin él, el resultado será doloroso para Chipre, pero también para la Unión Europea, además de por las posibles consecuencias en el euro del abandono de un país miembro, por una gestión que ha quedado en triste evidencia estos días. La inédita propuesta de rescate consistente en cargar a los depósitos bancarios una importate parte del mismo, por un lado, reducía la implicación de los recursos públicos para solucionar las irregularidades de las entidades financieras; pero, por otro, abría la caja de los truenos poniendo en duda la hasta ahora inquebrantable seguridad de los depósitos. Por encima del enfrentamiento entre Rusia y la UE a raíz de esas condiciones para los inversores, en el caso de Chipre rusos en su mayoría, hay una cuestión que tampoco deja en buen lugar a la UE. Rusia, a pesar de su malestar por ese cambio de proceder, se mostró contraria a reducir la carga a sus inversores en Chipre con recursos públicos, al contrario de lo que han hecho los gobiernos europeos y de Occidente en general cuando se trataba de «sus» inversores.

Pero también está sobre la mesa el debate sobre si el rescate es la única solución para el país mediterráneo; más aun, queda la gran duda de si es la mejor solución. En cualquiera de los casos, la crisis en torno al rescate chipriota ha incrementado el descrédito de las instituciones europeas, que aparecen cada vez más lejanas de los ciudadanos, día a día más conscientes de que no son la prioridad de esas instituciones. Asimismo, esa crisis ha dejado más en evidencia si cabe el fracaso de las políticas económicas europeas basadas en la austeridad a toda costa.