Medio millón de trabajadores, frente a la fecha de caducidad de su convenio
El 7 de julio es una fecha marcada en rojo por miles de trabajadores vascos, ya que ese día tienen fijado el límite para acordar su convenio colectivo. Las negociaciones se encuentran bloqueadas por dos principales barreras impuestas por la reforma laboral: el arbitraje obligatorio en casos de descuelgue y la ultraactividad, que al limitarse a un año pone en peligro la validez del convenio provincial. Dos aspectos que amenazan con mermar las condiciones laborales.
Iraia OIARZABAL | DONOSTIA
A partir del próximo mes de julio unos 500.000 trabajadores de Hego Euskal Herria perderán su convenio actual, a no ser que para la fecha hayan conseguido acordar uno nuevo con la patronal. Ésta es una de las más directas consecuencias de la reforma laboral impuesta por el Gobierno español, ya que al limitar la ultraactividad a un año, si las negociaciones no dan fruto en ese plazo las condiciones laborales de miles de trabajadores quedan en la cuerda floja.
Se trata de un reto difícil al que se enfrentan los sindicatos, teniendo en cuenta que la reforma laboral ha puesto patas arriba el modelo de negociación. Garbiñe Aranburu, responsable de Acción Sindical de LAB explica a GARA los principales cambios que introduce la nueva legislación y los obstáculos que establece a la hora de acordar un convenio colectivo.
La primera de las claves para entender la situación de bloqueo actual data en la ultraactividad, un concepto que la reforma laboral ha limitado a un año, de modo que una vez caducado el convenio, si en doce meses no se negocia otro, pierde su vigencia. A cuatro meses para que se agote el plazo, el reloj corre en contra de los sindicatos.
En Euskal Herria, donde la mayoría de convenios son provinciales, no llegar a un acuerdo supondría que quedarían regulados por convenios de empresa -en caso de que los hubiera- o estatales. Según se desprende de los datos del Consejo de Relaciones Laborales (CRL), en la CAV hay un total de 115 convenios sectoriales convenios sin firmar, lo que afecta a 406.495 trabajadores. A estos habría que sumar alrededor de 20 convenios de sector pendientes de renovar en Nafarroa, según informan fuentes sindicales.
El arbitraje, la otra gran losa
La otra gran losa que pesa sobre las negociaciones es la del arbitraje obligatorio. La patronal se muestra favorable a establecer el arbitraje obligatorio como mecanismo para mediar en casos de desacuerdo en el cumplimiento de los contenidos del convenio. Es decir, que sea esta comisión la que decida sobre la aplicación de las cláusulas de descuelgue.
Aranburu explica que dicha comisión ya existe en el Estado español pero no en Euskal Herria, donde es el Preco quien media en los conflictos. Defiende la validez de esta figura y aboga por no crear otra comisión en la que, según afirma, esa tercera parte tiende a favorecer a la patronal.
Al respecto, LAB afirma que «legalmente» no es obligatorio crear esta comisión y emplazan al Ejecutivo del PNV a que no lo haga, aunque -sostiene- «Confebask está presionando mucho en ese sentido». Destaca que es un decreto que dejó en marcha en PSE antes de salir del Gobierno y que, ahora recae sobre el Gobierno de Iñigo Urkullu decidir si continúa con ello o no. «El PSE ha dejado la patata caliente», subraya.
La central sindical aboga por estudiar los aspectos jurídicos y decidir cómo ha de ser esa mediación; si debe ser por medio de un arbitraje obligatorio o mediante otro mecanismo.
Recientemente, el consejero de Empleo y Asuntos Sociales, Juan María Aburto, declaró que el Ejecutivo está «trabajando con discreción» para encontrar un «recoveco» que permita crear un órgano «propio y diferente». De todos modos, de no ser así, aseguró que cumplirá la reforma laboral, porque él no es «ningún irresponsable».
Un retroceso en las condiciones
Estos dos factores dificultan, según Aranburu, las garantías de las condiciones laborales de medio millón de trabajadores vascos al añadir nuevos baches a una negociación que ya antes de la reforma laboral flaqueaba en sus contenidos.
«Si antes ya era difícil firmar convenios con un contenido digno, ahora es aún más difícil porque tenemos que neutralizar la reforma y además incluir contenidos. Como consecuencia la negociación está bloqueada», aclara.
En esta lucha a contrarreloj, el principal punto de interés es el blindaje de los convenios provinciales. «La reforma deja varias consecuencias, pero para nosotros la prioridad es dónde se negocia», relata la responsable de Acción Sindical de LAB.
En esta línea, destaca la importancia de la negociación colectiva como herramienta para «garantizar unas condiciones laborales dignas, luchar contra la destrucción de empleo y repartir la riqueza de otra manera». Por ello, muestra su preocupación ante la situación que se generaría si los trabajadores no pudieran negociar en Euskal Herria y la negociación se trasladase a Madrid.
Aranburu señala que, en la práctica, depender de los convenios estatales supondría un importante declive en los sueldos y las condiciones laborales.
Cuestión de mínimos
Con la reforma laboral, los convenios provinciales dejan de ser prioritarios y son los de empresa los que ganan terreno. Por encima del convenio de empresa se sitúa el estatal de manera que el convenio provincial pierde el peso que tenía antes.
Las diferencias entre sindicatos en este aspecto son notables. LAB, UGT y CCOO defienden el convenio provincial como instrumento para marcar unos mínimos, mientras que ELA aboga por el convenio de empresa por entender que con la reforma laboral el provincial pierde valor y pasa a ser una mera recomendación.
Hasta ahora, el convenio provincial era la base y el pacto de empresa se dirigía casi siempre a mejorar los contenidos del provincial. En caso de que una empresa decidiera tomar ciertas medidas en detrimento de los trabajadores y por debajo de lo establecido en el convenio provincial, necesitaba contar con el apoyo de los sindicatos.
En adelante, es el convenio de empresa el que cobra prioridad, pero para LAB «no es real», teniendo en cuenta que el 90% de las empresas vascas son pymes, pretender abrir negociaciones en todas y cada una de ellas.
Sin embargo, cree que es posible blindar el ámbito provincial y recuerda que jurídicamente la reforma laboral es un instrumento que no es obligatorio aplicar.
Con los plazos a su favor, la patronal intenta ganar tiempo manteniendo el bloqueo en base a la figura del arbitraje obligatorio. En este cambio de cromos, si Lakua cediera en la implantación de la comisión de arbitraje, Aranburu cree que quizá Confebask desbloquearía otros aspectos de la negociación. Sin embargo, todos los sindicatos tiran del otro lado de la cuerda contra el arbitraje.
Por ello, incide en la necesidad de centrar las negociaciones en la defensa del ámbito provincial. Marcar primero el terreno de juego para luego incluir los contenidos, pero siempre con el ámbito blindado.
Amparada en el cumplimiento de la ley, la patronal no parece querer apresurarse para que los convenios sectoriales no pierdan su vigencia. Aranburu recalca que una vez perdida la ultraactividad, no es obligatorio aplicar el convenio estatal, «al igual que no lo es la reforma laboral». Aunque el cambio no sea inmediato, cree que supondría una «amenaza continua» por parte de la patronal, que podría utilizar la referencia estatal en cualquier momento.
«Han tomado una posición política en torno a la reforma laboral», afirma Aranburu, para añadir que la nueva normativa no va solucionar el problema del desempleo y las empresas. «Pero están jugando con un punto de vista cortoplacista, buscando beneficios a corto plazo y lo que está claro es que no se puede buscar la competitividad destruyendo empleo continuamente», sostiene.
«Es necesario interpelar también a las instituciones. Estamos hablando de un modelo de pueblo. Un pueblo sin negociación colectiva, ¿qué tipo de relaciones laborales va a tener?», se pregunta.
Durante el año 2012, solo uno de cada diez trabajadores renovó sus condiciones laborales, según el CRL. Esto implica que quedan por renovar alrededor del 60% de los convenios sectoriales que afectan al 70% de los adscritos a convenios de sector.
La implantación de un nuevo órgano de arbitraje obligatorio está en manos del Gobierno de Urkullu, después de que el PSE pusiera el decreto en marcha. El PNV dice que buscará una fórmula para crear un «órgano propio», pero de no ser así asegura que cumplirá la reforma laboral.
LAB defiende que, aunque la reforma laboral da prioridad a los convenios de empresa y estatales, es posible blindar jurídicamente los de ámbito provincial. Además, recalca que la reforma laboral es un instrumento que no es obligatorio aplicar.
Hasta ahora, los convenios provinciales, predominantes en Hego Euskal Herria, marcaban la base y el convenio de empresa servía para mejorar las condiciones laborales. De no renovarse, con la aplicación de la reforma laboral dejarían de ser la referencia para dar prioridad al de empresa.
Ante la cercanía del mes de julio, cuando la mayoría de los convenios perderán su ultraactividad, los sindicatos apuran los plazos en la negociación y emprenden diversas movilizaciones para presionar a la patronal y visibilizar el apoyo mayoritario a los convenios provinciales. De hecho, entre los últimos convenios que se han firmado -Papel en Gipuzkoa y Gasolineras en Bizkaia-, Garbiñe Aranburu destaca que las movilizaciones han jugado un papel importante. En el caso de las gasolineras de Bizkaia, por ejemplo, el pacto fue firmado después de 47 días de huelga. En el sector del Papel el acuerdo fue fruto de trece reuniones.
Con el tiempo echado encima, la responsable de Acción Sindical incide en la necesidad de dar nuevos pasos en la confrontación. Uno de esos pasos ha sido abordado en el sector del Metal, especialmente afectado por el bloqueo de las negociaciones. La central ha iniciado una recogida de firmas a fin de medir la adhesión real de los trabajadores al convenio provincial. En base al resultado diseñarán una segunda fase de confrontación, aunque por el momento se han mostrado satisfechos con la adhesión recibida. Considera que es muestra de que el convenio de empresa no sustituye al provincial.
Otro de los sectores que más está dando qué hablar es el de las residencias de la tercera edad de Gipuzkoa. Los trabajadores llevan meses intentando negociar ciertas mejoras, pero la patronal guipuzcoana, Adegi, no cede en su posición. La Diputación de Gipuzkoa, como responsable de la red de residencias y centros de día, intentó mediar en el conflicto destinando 8,2 millones de euros para garantizar las mejoras. Esta propuesta fue rechazada por Adegi, que además interpuso una demanda contra la Diputación por «injerencia» en la negociación. Entretanto, los trabajadores siguen con las protestas y los paros. En Nafarroa, durante las últimas semanas, también se han desarrollado protestas en favor de los convenios provinciales.
LAB advierte de que si el convenio provincial pierde prioridad el ámbito de negociación va a convertirse en un «sálvese quien pueda, una ley de la jungla» que no va a hacer más que aumentar la conflictividad a la vez que dividirá a la clase trabajadora. I. O.
