Desde hace años se está metiendo miedo con el futuro de las pensiones públicas. Cada vez son menos los cotizantes para soportar el peso de las pensiones porque el paro ha crecido de forma desproporcionada. Aun así, todavía los últimos datos que aporta la Seguridad Social muestran que hay 2,32 afiliados por cada pensionista.

No se han traspasado las líneas rojas que algunos economistas las sitúan por debajo de 1,7 afiliados. El máximo de afiliados por pensionista se alcanzó en 2007, con 2,71, pero en 1994 cayó a 2,12, mientras que en diciembre de 1988 se situó en 2,34 cotizantes por pensionista, casi similar a las cuentas actuales. El gasto de pensiones en relación a la riqueza (PIB) en el Estado español se encuentra en torno al 9,2% y se calcula que en 2060 será del 15,1%, como lo atribuyó la Comisión Europea en su «Libro Verde».

No son los costes más elevados de la Unión Europea, tampoco. Uno de los principales problemas del sistema público español se encuentra en que son las cotizaciones sociales las que se hacen cargo de la subsistencia del sistema público. Esta decisión, que adoptó el Gobierno del PSOE con el apoyo de CCOO, UGT y CEOE, sí fragiliza el sistema. Algunos ven en esta decisión una manera de activar los vasos comunicantes entre el sistema público y el privado, porque si se pone en cuestión la garantía de la pensión pública digna, quienes puedan porque tienen ingresos suficientes añadirán un fondo de pensión privado o una pensión complementaria a través de las EPSV.

La clave se encuentra ahí. Los gobiernos están taponando la vía pública, porque el sector privado de fondos de pensiones y las entidades financieras consideran que hay un negocio suficiente que se les está escapando de las manos. De hecho, los últimos datos de la OCDE confirman este extremo. Así, en el Estado español controlan entorno al 8% del patrimonio en relación al PIB, como ocurre en Alemania, Estado francés, Italia, Bélgica, Austria y «sorprendentemente», como dice el estudio, Luxemburgo. Sin embargo, los Países Bajos cuentan con más de 130% del PIB en pensiones privadas; Islandia, un casi 120%; Suiza, por encima del 100%, mientras que la media de la OCDE se sitúa en el 72%.

Decreto ley sobre recortes

El profesor de la UPV-EHU y experto en pensiones, Mikel de la Fuente, advirtió que el nuevo decreto del Gobierno español, aprobado el pasado 15 de marzo, recortará las pensiones y subsidios «lo que elevará más la pobreza entre el colectivo de trabajadores».

Estos días atrás se ha conocido que la memoria económica, que acompaña a esa decisión del Gobierno español, confirma que «un 15% de los potenciales beneficiarios de las jubilaciones anticipadas y un 37% de los potenciales aspirantes a la jubilación parcial no podrán acceder a esas fórmulas por el endurecimiento de las condiciones de acceso». Los datos, que fueron difundidos por la Cadena Ser, confirman que cada año 20.755 personas, que hasta este decreto podían utilizar la vía de acceso al retiro anticipada, se quedarán fuera de la ley. Otras 72.099 personas estarán afectadas porque accederán más tarde a la jubilación anticipada o cobrarán menos pensión que antes de este decreto ley aprobado por el gabinete de Rajoy. En 2011, las altas de la jubilación anticipada representaron 111.648 personas, aunque en 2009 fueron más los que optaron por esa salida 112.427 personas.

Este decreto de Madrid supondrá «una caída en las pensiones de forma importante, lo que incrementará la pobreza y muchos se verán sumidos en la precariedad», como recordó De la Fuente. Pero, a la vez, ocurrirá que mucha más gente intentará salvaguardar su pensión futura acudiendo a los sistema privados. Porque el decreto de Rajoy reducirá en un 11% el gasto de las nuevas altas de las jubilaciones anticipadas y en las jubilaciones parciales el coste previsto de reducción supera el 76%, según la memoria económica que acompaña este decreto ley.

Con todo ello, el ahorro para la Seguridad Social al dificultar el acceso a jubilaciones anticipadas y parciales supondrá 570 millones al año, pero sumarán 4.857 millones el ahorro acumulado por cada generación.