Un sistema público de salud, con medios dignos y dotado de inversiones y recursos públicos que permitan que las condiciones de uso sean las adecuadas, es un derecho básico que en cualquier país tiene que ser defendido por todo dirigente político. Como es lógico, es uno de los pilares del Estado de Bienestar y se relaciona con otros derechos sociales. La sanidad pública es un aspecto fundamental de lo que conocemos como ciudadanía.

En este sentido, entre las atribuciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de los profesionales del sistema sanitario público está defendernos de que ante una enfermedad común o un accidente no laboral, nuestras condiciones de trabajo no dañen más nuestra salud ni agraven nuestro estado, hasta que estemos curados o repuestos del todo. Son quienes nos dan la baja médica por contingencias comunes, cuando lo estiman oportuno, y quienes posteriormente nos dan el alta médica cuando estiman que podemos reincorporarnos a nuestro puesto de trabajo.

Recientemente hemos tenido conocimiento, en forma de proyecto de Real Decreto, de la pretensión del actual Gobierno de facilitar que las Mutuas tengan más intervención en los casos de bajas y altas por contingencia común. Si bien no se autoriza directamente a las Mutuas a dar las altas por contingencia común, se articula que la Mutua puede hacer propuestas de alta como hasta ahora, pero que si en cuatro días el médico de cabecera no responde, el alta se hará efectiva.

Por otra parte, se establece que en los procesos de baja cuya duración se estima que va a ser inferior a cinco días, el parte de baja y el de alta se emitirán en el mismo acto médico. Si bien esta es una cuestión sobre la que los propios facultativos tendrán que opinar, se sobreentiende que se está forzando a los médicos de cabecera a acortar los procesos de baja médica y a dar altas médicas sin una correcta vigilancia de la evolución de cada caso.

Si bien las Mutuas tienen legalmente reconocido el papel de entidades colaboradoras de la Seguridad Social, para las contingencias comunes pueden solo colaborar en la gestión de la prestación económica. Además, hay que tener presente en todo momento que las Mutuas son asociaciones de empresarios, que se agrupan para asegurar las contingencias de sus trabajadores. No es de recibo, por tanto, que ningún tipo de ente patronal, como son las Mutuas, tenga la capacidad de influir en los procesos de baja por contingencia común.

Creemos que la posibilidad de realizar propuestas de alta era ya transgredir la colaboración en la gestión económica, pero la posibilidad de dar altas es una injerencia empresarial en la salud.

Este proyecto también establece que habrá que actualizar los informes médicos complementarios cada dos partes de confirmación de la baja por lo que pensamos que el resultado será claro: la saturación de trabajo que van a tener los médicos de cabecera actualizando esos informes les impedirá contestar en tiempo y forma las propuestas de alta de la Mutua por contingencia común, por lo que, en aplicación de ese silencio administrativo positivo, el alta médica sería efectiva. La propia Asociación de Inspección de Servicios Sanitarios reconoce que este tipo de informes complementarios carecen de necesidad.

Si este proyecto de Real Decreto sigue adelante se sobrepasaría incluso el ámbito de las relaciones laborales, puesto que si las Mutuas se encargan de gestionar las contingencias profesionales (fin para el que nacieron a principios del siglo XX) y las comunes de los trabajadores en activo, lo que se estaría es contribuyendo a crear un sistema sanitario dual. Las Mutuas se encargarán del cuidado de la salud de los trabajadores en activo, y la sanidad pública, tal y como la conocemos quedará restringida a amas de casa, jubilados, desempleados, estudiantes y lo que en general se conoce como sectores no productivos. Esto a su vez conducirá a un auténtico recorte en los presupuestos para la sanidad pública y a su total degradación. ¿Es para esto para lo que están preparando a la opinión pública?

Para defender una sanidad pública y de calidad, unas condiciones de trabajo dignas y para no permitir que empresarios y patronales tutoricen nuestro estado de salud, tenemos que empezar por el principio. Los comités de empresa y delegados de personal en las empresas tienen que oponerse a que las Mutuas asuman la cobertura económica de las contingencias comunes, los trabajadores tenemos que oponernos a ello. No podemos abrir la puerta a todo lo que venga después.