Ningún país ha salido de la crisis aplicando doctrina neoliberal. La situación, sin dramatismo, es excepcionalmente grave. En Grecia, que nos lleva un poco de ventaja, lo califican de «tragedia humanitaria». Toda la política está orientada a tapar el agujero financiero. Sí, los bancos animan a Rajoy: «Lo estás haciendo bien; continúa con los recortes». La banca ha recibido otros 41.000 millones en 2012, un dinero que no va a devolver y la economía real sigue sin crédito. Reformaron la Constitución para garantizar que cobrarían quienes especulan con la deuda pública. Una forma más -la deuda- para hacerles llegar dinero público. Por eso recortan.

Otra reforma de pensiones. Los banqueros, al reducir las pensiones públicas, ven negocio para sus fondos de pensiones. La reforma del PP empeora la de Zapatero de 2011. El PP votó en contra de aquella diciendo que «la echaría atrás si llegaba al gobierno». Mentira. Eso vale la palabra de los partidos en la oposición; nada. Rajoy apela al «envejecimiento activo» para, con un paro juvenil de más del 50%, alargar la vida laboral de quienes debieran jubilarse e impone un «factor de sostenibilidad» para hacer reformas automáticas y destrozar el sistema público. ¡Vivan los eufemismos! «Envejecimiento activo» y «factor de sostenibilidad». Pura hipocresía. Hablan de «sostenibilidad» quienes, con sus decisiones, destruyen empleo, bajan los salarios, reducen cotizaciones sociales a la patronal e imponen que las pensiones se financien solo con cotizaciones y no con impuestos. Así es imposible «sostener» un sistema público.

Los presupuestos públicos y el empleo. El gobierno de Gasteiz, en una coyuntura en la que el sector privado destruye mucho empleo, plantea los presupuestos más duros de la historia. Su aportación a la crisis es más recesión, más paro, más pobreza y aumento de las desigualdades. Están basados en la obsesión por la reducción del déficit (Rajoy lo fijó en el 0,7% y Urkullu lo acepta) y en una política fiscal terriblemente injusta. 1.150 millones menos de gasto -un 1,7% del PIB- es una barbaridad. Unos presupuestos que, un año más, dejan sin negociación colectiva a los empleados públicos. Unos presupuestos, que si no se aprueban por el Parlamento no pasa nada. El proyecto del gobierno se aplicará, igual que en Navarra. El debate en el Parlamento es irrelevante. Esa es la función que se reserva hoy a los Parlamentos.

La fiscalidad que imita a los paraísos fiscales ha fracasado. El Tea Party vasco -que ha trabajado para la patronal- nos ha traído hasta aquí descapitalizando las cuentas públicas. Los partidos han renunciado a dar a la fiscalidad la centralidad que merece y lo estamos pagando muy caro. No queremos reformas superficiales que cambien algo para que todo siga igual. Se podrían recaudar 4.400 millones de euros en la CAPV y 2.070 en Navarra si la presión fiscal fuera igual que la media de la UE. Sin embargo, la fiscalidad sigue secuestrada por una élite que controla los partidos. La fiscalidad debe estar en el centro de la reivindicación social. Exigimos a las cuatro haciendas forales que la fiscalidad se ponga al servicio de las necesidades sociales.

Un ajuste salarial brutal. ¿Qué pretenden? Que menos personas trabajemos más horas ganando mucho menos. A eso le llaman «devaluación interna» o «aumentar competitividad»... Ocultan que su objetivo es favorecer la acumulación de capital. Bajar salarios y subir jornada supone menos empleo y más empobrecimiento. Los salarios no son solo coste laboral; son un elemento clave en la distribución de la riqueza y los datos oficiales dicen que en los últimos 35 años nunca los salarios se han llevado menos en ese reparto. Los salarios, además de coste, son demanda de bienes y servicios (economía real), recaudación fiscal, cotizaciones sociales... Dicho de otro modo, defendiendo los salarios se defiende la economía real, el empleo y la cohesión social.

Una Patronal reaccionaria. La CEOE (es Confebask) recomienda que las empresas hagan uso de la reforma para «cambiar de una vez y de arriba abajo los contenidos de los convenios». Es de agradecer la claridad con que se expresa en su estrategia de tierra quemada. Adegi, se atreve a presentar una denuncia judicial contra la Diputación de Gipuzkoa porque con su actuación «rompe el equilibrio negociador» en el Convenio de Residencias. Dice Adegi, que nunca la Diputación había tomado partido «por una de las partes». ¡Qué cinismo! Confebask, por su parte, afirma que el presupuesto de Urkullu tiene «excesivo gasto social». No tienen vergüenza. Es llamativo que una patronal acostumbrada al favor político, que obtiene todo, se comporte tan bruscamente. Le deberían recomendar que se calle. Ellos no tienen que meter tanto ruido, no lo necesitan. Nadie desde los gobiernos reprende a la patronal; eso no es una novedad. Al contrario, saben que la patronal es un lobby financiado con dinero público que trabaja para socavar lo social. Es lo que hace.

Democracia y corrupción. La cúpula dirigente del PP inmersa en casos de corrupción continúa sangrando a los ciudadanos. Un hecho que revela hasta qué punto huele a podrido y se descompone la vida democrática. La política en Hego Euskal Herria la decide el PP que une neocentralismo y neoliberalismo para que todos los gobiernos hagan su política. Cuando esa política condena cada vez a más personas a la pobreza hay razones suficientes para no acatar y desobedecer. Hay órdenes que no deben ser obedecidas. Es cuestión de justicia. Sin embargo, no apreciamos en la clase política vasca voluntad de confrontar democráticamente con Madrid, ni para salvar lo social, ni el autogobierno; ejes ambos esenciales del Marco Vasco de Relaciones Laborales y de Protección Social.

Movilización sindical y social. Estamos sufriendo un experimento totalitario que defiende una guerra contra los pobres. Este derribo organizado de lo social exige en opinión de ELA convocar una huelga general. Nos parece imprescindible convocarla para dar valor a una política alternativa. En Mayo de 2009 dijimos que «si no se cambiaban las políticas, vendrían los recortes». Teníamos razón. Hoy decimos que, si les dejamos destruirán todo lo social. Están midiendo nuestra capacidad de resistencia. Tenemos la obligación de preguntarnos... ¿Qué van a dejar en pie? Los gobiernos deben sentir una presión social que les obligue a hacer otras políticas. No hay otra vía que la movilización. Y a la patronal hay que decirle que sabemos cuáles son sus aliados (la ley y el desempleo como elemento de disciplina social). Usan la ultraactividad como chantaje -allí donde se sienten fuertes- para imponer la caída salarial y su lectura unilateral de la reforma. A esta patronal, mientras los gobiernos le sigan dando todo -lo último el arbitraje obligatorio para inaplicar los convenios- hay que contestarle con organización sindical y lucha. Hay que reivindicar con más fuerza que nunca el sindicato como instrumento de defensa colectiva, así como el trabajo conjunto entre las organizaciones sindicales y los movimientos sociales.