La puesta bajo sospecha se inscribe en las relaciones de poder; es el mecanismo por el que los dominantes legitiman la opresión que ejercen sobre los dominados. El racista, que reivindica para sí la integridad de la condición humana y se considera por ello carente de raza, pone bajo sospecha a los «otros», cuya pertenencia a su raza justifica su situación de subordinación y dependencia. La Santa Inquisición pone bajo sospecha a los excluidos del universo de la salvación, por muy conversos que sean. En el siglo XX, los estalinistas ponen bajo sospecha a los comunistas y anarquistas que divergen de las directrices del Camarada-líder, los nazis ponen bajo sospecha a las razas malditas o inferiores, judíos y gitanos, y a las heces de la sociedad, comunistas y homosexuales; los sionistas ponen a su vez bajo sospecha a los palestinos.

En cada conflicto creador de jerarquías, los dominantes, detentadores del pensamiento políticamente correcto, ponen bajo sospecha a quienes sufren sus consecuencias; las razones de la sospecha son pues ajenas a los sospechosos, ya que se originan en las pulsiones agresivas de quienes la proyectan sobre ellos. Para entender la génesis de los mecanismos de la sospecha es por lo tanto necesario conocer el discurso de los dominantes.

En el conflicto que nos ocupa a los vascos este es diáfano. El discurso de la derecha centralista española dice no creer en la existencia de conflicto alguno, ni ve ninguna necesidad de un proceso de paz. Admite que ETA ha abandonado definitivamente la violencia, lo que ha permitido la relegalización de la izquierda abertzale; pero lo ha hecho porque ha sido derrotada. Debe someterse pues a la ley de los vencedores y vencidos.

En materia de presos, el Gobierno de Rajoy, que comparte este discurso, mira en dirección a las asociaciones de víctimas del terrorismo y a su extrema derecha, de donde puede venirles una escisión; nunca hacia la sociedad vasca ni hacia su gobierno. Su estrategia es el mantenimiento de la excepcionalidad represiva mientras ETA no se disuelva; pero aun en este caso asegura que garantizará el cumplimiento íntegro de las penas. La dulcificación de estas, siempre que se cumplan las tres condiciones del reconocimiento del daño causado, el desarme y la aceptación de medidas individuales y no colectivas en materia de reinserción de presos, son propuestas procedentes de sectores bienintencionados del PSOE, nunca del PP. Es este, y no otro, el principal factor que está impidiendo la marcha de la sociedad vasca hacia la paz y la convivencia.

De ahí deriva la puesta permanente bajo sospecha de las organizaciones legalizadas de la izquierda abertzale, así como de sus representantes. Los ejemplos abundan. Uno es la apertura de diligencias por las declaraciones de Laura Mintegi en el Pleno del 14 de marzo del Parlamento Vasco, las cuales no constituyen, ni textualmente ni en su intención, todo lo contrario, ofensa alguna hacia las víctimas. Otro, el escándalo suscitado por las declaraciones de Patxi Zabaleta, pacifista convencido, como tantos otros en la izquierda soberanista, con sus declaraciones de sentido común sobre ETA y el GAL, cuando distingue de modo analítico y no apologético entre las motivaciones crematísticas de unos y las basadas en ideas políticas de otros.