El alcalde de Iruñea, Enrique Maya, es el único que ocupa un cargo público actualmente de los tres imputados por María Paz Benito por el asunto de las dietas opacas e irregulares de la CAN. Es cierto que Yolanda Barcina no está imputada por ser aforada, pero ese es otro cantar.

También es cierto que Maya es el recién llegado del grupo de los cuatro y que es el que menos cantidad recibió y durante menos tiempo. Pero este hecho no puede hacer olvidar que es el primer edil de la capital navarra y que está citado a declarar como imputado por un presunto caso de cohecho. Es decir, por un presunto caso de corrupción. Y eso es grave.

A Maya (y a Barcina) les ha llegado el momento de cumplir lo que prometieron. El alcalde de Iruñea, durante el Pleno en el la mayoría de los concejales le reprobó, proclamó, con tono grandilocuente y hasta chulesco, que no dimitiría hasta que su actuación en la CAN no tuviera consecuencias judiciales. Pues bien. Ya están aquí. Ahora se podrá decir que estar imputado no es lo mismo que estar condenado ni tampoco lo mismo que estar procesado. Sí, pero una juez le ha citado como imputado, que ya es algo.

O eso mismo debía pensar Barcina cuando en la asamblea anual de UPN de 2010 decía que en su partido, a diferencia de otros, no había ningún imputado y anunciaba que de haberlos serían inmediatamente expulsados de la formación. Seguramente lo diría siguiendo algún manual de marketing político. Un regate en corto. Sin embargo, pasar de las palabras a los hechos es otro cantar. No me imagino a Barcina expulsando del partido a Enrique Maya y a Miguel Sanz. Del mismo modo que no me imagino a la propia Barcina renunciando a su condición de aforada para estar en igualdad de condiciones que sus compañeros y poder declarar como imputada. Sería la salida más lógica y digna. Dimitir, convocar elecciones y dar la palabra a la ciudadanía mediante las urnas. Es lo lógico y lo que reclaman la mayoría de parlamentarios y la calle. Pero seguro que opta por hacer oídos sordos.