La hija del rey Cristina Federica de Borbón y Grecia ha sido imputada como colaboradora necesaria por el presunto delito de apropiación indebida de fondos públicos. La noticia copó la atención global y numerosos titulares, y todos coincidieron en su trascendencia, en lo afectada que queda la monarquía española y en que solo la abdicación del rey podría salvar esa institución de la debacle. Parece, sin embargo, aventurada esa predicción, además de por las complicaciones constitucionales que presenta, porque todos los resortes del Estado van a ponerse a su servicio. La prueba más clara de ello es la insólita actuación de la Fiscalía Anticorrupción recurriendo la citación y haciendo de abogado defensor de la Casa Real. Un hecho que demuestra que la Justicia no es igual para todos.

Con todo, la imputación del primer miembro de la familia real española pone de relieve varias cuestiones: en primer lugar, que donde reina la corrupción la máxima jefatura es cualquier cosa menos un reflejo de ejemplaridad. Por otra parte, demuestra a las claras que la llamada transición que otorgó al rey una legitimidad basada en la victoria de Franco y sustentada en la actual constitución continuadora del franquismo, ha sido una chapuza. El monarquía española no es una institución irrelevante y decorativa, sin poder ni influencia. Representa una institución antidemocrática, basada en el privilegio y el patronazgo, un anacronismo que debería ser abolido. La construcción de una sociedad de ciudadanas y ciudadanos y no de súbditos, además del respeto a la palabra de las naciones como Euskal Herria y de un espíritu genuinamente republicano, necesita abrir la puerta a una segunda transición en el Estado español, para que esta vez sí sea auténtica.

El espectáculo, por ahora también judicializado, viene de lejos y va para largo. Es de esperar una barrera de protección que blinde al príncipe Felipe. Porque al fin y al cabo, proteger el futuro de la monarquía española -y no el pasado- es ya bastante más complicado y difícil.