El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de seis años de prisión que la Audiencia Nacional había impuesto a ocho jóvenes donostiarras, mientras que en el caso de otros siete ha estimado su recurso, absolviéndolos. El fallo sostiene que hay elementos suficientes para considerar a los condenados culpables de «pertenencia a banda armada», disparatado cajón de sastre que durante años ha servido para sentenciar a cientos de militantes políticos. Los magistrados saben que en este caso no hay «banda» ni «arma» alguna, sino la participación organizada de los encausados en el movimiento juvenil independentista, razón que sigue siendo suficiente para engrosar las cárceles españolas. Hace cuatro meses, el mismo tribunal repitió veredicto en el caso de cinco jóvenes de Oarsoaldea, y la lista de quienes aguardan es larga.

Con esta sentencia, los estamentos del Estado español insisten en el mensaje que llevan repitiendo desde que este país emprendió por su propia cuenta el camino hacia la paz y la democracia: ellos no están en clave de solución. Una constatación no por sabida menos irritante y dolorosa, sobre todo por las consecuencias que tiene para tanta gente, pero que también debe servir para poner el acento en una idea que ayer resumió perfectamente a Info7 Irratia Aitor Olaizola: está en manos de la sociedad vasca poner fin a tanto disparate.

A estas alturas nada puede esperarse de unos estados que han hecho del conflicto una coartada para cercenar derechos y libertades, colectivos e individuales. No alterarán su rumbo mientras no encuentren en el camino un muro firme que les haga recular, y condenas como la de estos jóvenes indican que ese muro aún está por levantar, que todavía queda mucho trabajo por hacer. Es necesario, por tanto, tejer nuevas complicidades, tocar nuevas puertas, andar nuevos caminos; en definitiva, hacer todo lo que haga falta para argamasar una pared que ni París ni Madrid puedan superar, para que dejen de llevarse a la juventud de este pueblo.