Trabajadores de centros que atienden a personas con discapacidad en Nafarroa concertados con el Gobierno foral se movilizaron ayer en Iruñea ante la Agencia Navarra para la Autonomía Personal (ANAP) a fin de reivindicar «la negociación de un convenio digno, que mejore y garantice las condiciones de trabajo actuales del sector» que aglutina a unos 800 empleados, el 90% mujeres.

En representación de los sindicatos convocantes -ELA, LAB, CCOO, UGT y Solidari- Josetxo Mandado recordó que la negociación comenzó el 1 de enero e insistió en que el Ejecutivo navarro «tiene una responsabilidad política» ante esta situación porque «es parte del convenio, que se inició a instancias de un informe de Comptos y ha sido siempre tutelado por el ente foral». Insistió en que el Gobierno «es responsable del dinero público y la atención a las personas con discapacidad», por lo que pidió que ponga solución a esta situación que «como siempre, afecta a los trabajadores».