Después de tres horas y media declarando ante la juez María Paz Benito, Miguel Sanz hizo unas breves declaraciones a los medios en las que sostuvo que jamás se ha lucrado a través de su actividad política y que todo su trabajo ha sido puesto siempre «al servicio de Navarra». Más allá de lo petulante que resulta esta última afirmación, lo cierto es que el expresidente navarro sí que se ha lucrado como profesional de la política y, en lo que respecta al caso que está siendo objeto de investigación, desde luego que se ha lucrado gracias a Caja Navarra. Lo que debe dirimirse ahora es si ese lucro ha sido legal o no, pero las dietas percibidas por parte de la entidad no pudieron ser más provechosas.

Es posible que Sanz olvidara qué significa lucrarse como resultado de la repentina amnesia que le asaltó en su primera declaración como imputado. El exmandatario, que ha controlado todos los resortes del poder en Nafarroa durante quince años, dijo no acordarse de muchos de los aspectos sobre los que fue interrogado, tampoco de cuánto cobraba de la CAN. Y lo cierto es que cobraba mucho. Solo por su asistencia a las reuniones de la Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras se embolsaba 89 euros por minuto, hasta amasar cerca de 40.000 euros. Una cantidad con entidad suficiente para que nadie pueda olvidarse de ella; desde luego, no quien dice no haber tenido nunca ánimo de lucro.

Con todo, y a pesar de que el foco se ha situado en las jugosas dietas que percibieron tanto Sanz como Enrique Maya, Álvaro Miranda y Yolanda Barcina, la importancia de este caso radica en saber si esas cantidades eran percibidas como contraprestación por no ejercer la labor fiscalizadora que sobre la CAN le correspondía al Ejecutivo. Porque esa dejación fue la que acabó finiquitando la entidad y, con ella, una importante herramienta para la economía navarra. Sobre este hecho deberá decidir la juez si existen o no responsabilidades legales. Las políticas hace tiempo que están claras.