Osalan tendrá otro 20% menos de presupuesto para potenciar la salud
La crisis económica actúa también contra la seguridad y la salud en el trabajo. Las empresas cambian sus prioridades, ocultan los accidentes y empeoran las condiciones de trabajo, pero también ocurre con la Administración. Osalan tendrá un 20% menos de presupuesto este año. La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo considera que las consecuencias de la falta de seguridad y salud tienen un coste anual del 4% del PIB europeo.
Juanjo BASTERRA | BILBO
Los efectos negativos de la crisis económica en la seguridad y la salud de los trabajadores quedaron al descubierto en la mesa redonda que la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la EHU-UPV organizó en Bilbo el pasado miércoles.
Quedó claro que los cambios productivos y la merma sufrida por la crisis económica han hecho disminuir los accidentes de trabajo, pero la mortalidad es muy elevada, puesto que en la UE 27 se producen 169.000 muertes al año, de ellas no llegan a 8.000 muertes por accidentes de trabajo o in itinere. Se avanza en un proceso en el que las leyes se ponen al servicio de las empresas, pero no para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, como ratificaron varios de los intervinientes en la mesa redonda y demandaron que «la salud laboral debe estar incorporada a la salud pública», como indicó Angel Elías, director de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la UPV-EHU.
En general, las causas que generan los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales «han empeorado» y, aunque se reduce el número de accidentes de trabajo por la reducción de la actividad económica, las enfermedades profesionales, sin embargo, aumentan y afloran con más fuerza. El contrapunto lo puso la directora de Osalan, Izaskun Urien, al anunciar que el presupuesto de este año 2013 se reducirá un 20%, que se suma a la caída presupuestaria del 40% que se produjo el año anterior.
Como anécdotas, Laurent Vogel, exdirector de Seguridad, Salud y Condiciones de Trabajo (ETUI) de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) con sede en Bruselas, reveló que «el Estado español es el único caso que conozco que cuando se ampliaron hace ya unos años el listado de enfermedades profesionales, disminuyeron los afectados» y también reveló que «me llama mucho la atención que las mutuas españolas realicen una defensa tan enfervorizada de los empresarios cuando tenemos encuentros o reuniones».
Las mismas causas
En la mesa redonda, la nueva directora de Osalan, Izaskun Urien, explicó que «está calando la prevención» porque se están reduciendo «a la mitad» los accidentes en seis años. No quiso ver una relación directa entre la caída de actividad con esa merma, y admitió que en 2007 hubo 90 accidentes mortales y en 2012 se quedaron en 47 en el ámbito de la CAV. LAB, sin embargo, en su recuento de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa los eleva a 53 accidentes mortales, y a 61, si se suman los de Nafarroa e Ipar Euskal Herria. A todos ellos, habría que añadir los 29 fallecidos el año pasado por haber inhalado amianto durante su vida laboral. Ibon Zubiela, responsable de Salud Laboral de LAB, recordó que «aunque ha disminuido la siniestralidad, las causas no se han corregido o eliminado. Ese es el problema, porque, en cuanto aumente la actividad económica, volveremos a la misma situación».
La directora de Osalan, por otra parte, admitió que están aflorando más enfermedades profesionales sin baja. «Estaban ahí, escondidas», dijo, aunque en la mesa redonda quedó claro que «no se declaran más bajas» por la crisis y el temor a perder el puesto de trabajo. A juicio de la responsable de Osalan, que lleva dos meses en el puesto, se deberá intervenir sobre el sector Servicios, que es donde «sí se está produciendo un repunte» de la siniestralidad.
Para ello, se comprometió a activar el compromiso con Osakidetza para activar las sospechas de enfermedad profesional, un programa que no funciona, y destacó que deberán poner los cimientos del nuevo plan estratégico. Se comprometió a elaborar un mapa de riesgo y sobre el amianto dijo que se reabrirá la ponencia en el Parlamento «para analizar la situación».
En este aspecto, a falta de uno, echó dos jarros de agua fría. Primero dijo que esa ponencia «solo analizara y profundizará en el estudio sobre el fondo de compensación del amianto», y anticipó que «se queda ahí, porque no es el momento económico» de esas reclamaciones de los afectados y sus familiares para evitar tener que deambular entre los pasillos de los tribunales.
Ante una pregunta de Alfonso Ríos, responsable de Salud Laboral de CCOO de Euskadi, Urien desveló que han alcanzado un acuerdo con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para que reconozca las bajas laborales si no hay prestación económica de por medio.
Precarización laboral
Laurent Vogel, experto en salud laboral, explicó que «la precarización de las relaciones laborales» que tienen «efecto negativo» en la salud de los trabajadores «viene antes de la crisis actual». Llamó avanzar en «la salud colectiva» y recordó que las agresiones a la seguridad y la salud laboral «generan una inmensa desigualdad social en Europa» y recordó, puntualizando a la directora de Osalan, que las estadísticas «dicen los resultados de las normas jurídicas, pero no analizan los efectos sobre la salud laboral la inseguridad sobre el empleo, el miedo a perder el puesto de trabajo».
Tampoco se tiene en cuenta «las cadenas de subcontratación» o «los salarios insuficientes, que hacen que los trabajadores realicen jornadas superiores a las 48 horas, lo que pone en peligro su salud». Todo ello, «unido a una reducción de los recursos públicos de Seguridad Social». Este sindicalista y experto en salud laboral dejó claro que en la Unión Europea «se está produciendo un ataque directo a los derechos colectivos» y, por desgracia, aseguró que «en breve ya no se podrá hablar de la Europa Social».
A juicio de Vogel, «la crisis ha supuesto un acelerador de las desigualdades, en todos los sentidos. En realidad, la desigualdad daña más que la pobreza, como sostiene Richard Wilkinson». Al contrario de lo que están experimentando los empresarios, amparados por la Administración pública, Laurent Vogel afirmó con rotundidad que «en períodos de crisis necesitamos más salud laboral y más y mejores empleos».
Marta Urrutia, responsable de Promoción Corporativa de la Agencia Europea para la Salud Laboral, aseguró que «nuestro discurso avanza que solo saldremos de la crisis, si somos capaces de garantizar la seguridad y la salud en los puestos de trabajo». Admitió que influye «en la competitividad y la productividad». De hecho, Urrutia adelantó que los costes de los accidentes de trabajo y las enfremedades profesionales se eleva ya al 4% del PIB europeo. «Hace unos años se encontraba en el 2,6% del PIB, pero ha aumentado».
La realidad demuestra que cada año se tienen que destinar 240.000 millones para hacer frente a pérdidas de vidas humanas, de daños a la salud o el pago de horas de trabajo. «No podemos permitirnos esa pérdida en tiempos de crisis», dijo.
En la Unión Europea se producen al año 168.000 muertes al año por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. De esta cantidad, poco más de 5.000 son accidentes de trabajo.
Marta Urrutia avanzó algunos detalles del tercer sondeo que la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo ha realizado sobre la salud laboral. Confirman que la mitad de los trabajadores ha tenido en algún momento estrés, pero hay un 16% que lo sufre de manera frecuente. También destacó que un 45% de los trabajadores anuncia que se ha producido un cambio organizacional en el puesto de trabajo y «han elevado los ritmos de trabajo», según los resultados iniciales.
Admitió que «una parte de las empresas no pone en marcha los procedimientos adecuados para evitar los accidentes o lesiones profesionales por falta de recursos, de sensibilización y por falta de cultura preventiva», entre otras razones. Urrutia al presentar este adelanto de los resultados confirmó que «la legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales da algunos frutos», aunque manifestó sus «dudas» sobre la calidad de las medidas, «que están lejos de ser las más mejores» y añadió, a la vista de los resultados, que «la legislación motiva, pero por sí sola no es suficiente».
Oscar Vargas, de Eurofound, el Observatorio Europeo de Condiciones de Trabajo, avanzó también datos de otro trabajo que se publicará a final de año que confirma un aumento de la temporalidad en Europa y un cambio de la legislación en materia laboral «hacia la flexibilización». El aumento de «la inseguridad sobre el trabajo» es una de las alertas que se detectan en los informes previos y reconoció que, después de una reducción de la jornada laboral en un primer momento de la crisis, «ha cambiado la tendencia a partir de 2009, que aumenta, lo mismo que el empleo a tiempo parcial y las horas extras no pagadas». Añadió una intensificación de los bajos salarios. En conjunto, aunque Vargas profundizó en este detalle, explicaron que se ve un incremento de los riesgos sicosociales debido a la crisis económica, lo mismo que el estrés y, aunque la directora de Osalan dijo desconocer, el representante de Eurofound destacó que «hay menor declaración de los accidentes».
Angel Elías, director de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales, confirmó que la reforma laboral tiene un efecto directo sobre la salud y reconoció que no hay instrumentos para medir su impacto, pero dijo que «es evidente que los desahucios y los despidos provocan más suicidios». Por eso, dijo que «es muy importante medir en estos dos próximos años las consecuencias para prevenir los riesgos». J. B.
La nueva directora de Osalan dijo que han alcanzado un acuerdo con el INSS para que se reconozcan las bajas laborales si no hay una prestación económica de por medio. Es un paso importante para muchos extrabajadores, sobre todo.
Laurent Vogel afirmó que las agresiones a la seguridad y la salud en el trabajo generan «una enorme desigualdad social en Europa, más, incluso, que la pobreza», destacó. Dijo que en época de crisis se debería invertir más en prevención, pero no se hace en ningún lado.
Cada año se destinan 240.000 millones para pagar indemnizaciones por muertes por accidente o enfermedad profesional, por pérdida de jornadas de trabajo y bajas laborales. Es el 4% del PIB, aunque hace unos años este coste estuvo el 2,6%.
