El juicio de 26 de los 79 policías acusados de la «masacre de Carandirú», la mayor matanza en las cárceles de Brasil, ocurrida hace veinte años en Sao Paulo, se reiniciará hoy después de una semana del aplazamiento por los problemas de salud de una de las jurado. El juez José Augusto Nardy Marzagao deberá volver a sortear siete nuevos jurados, de una lista de 25 candidatos, y comenzar otra vez el juicio con la lectura de los cargos a los 26 acusados, considerados responsables de la muerte de 15 de los 111 presos que perdieron la vida 2 de octubre de 1992, cuando la Policía abortó una protesta. En total eran 84 los acusados, pero cinco de ellos han muerto.

Este proceso ha vuelto la mirada hacia los presidios del país, donde el poder de las mafias y las violaciones de derechos demuestran, según los expertos, que no se han aprendido lecciones del pasado.

La profesora de sociología y experta en temas de violencia de la Universidad de São Paulo, Camila Dias, considera que «no se aprendió nada». En declaraciones a Efe, subraya que la sobrepoblación es una constante en los penales brasileños, donde hay carencia de productos tan básicos como el papel higiénico.

Según datos oficiales, las cárceles albergan a 514.000 personas, cifra que algunos expertos elevan hasta las 600.000.

La pésima opinión del estado de los presidios la comparte el mismísimo ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, quien llegó a declarar a fines del pasado año que «preferiría morir» a pasar muchos años en las prisiones del país.

Las palabras del ministro, que levantaron una gran polémica, fueron secundadas por los jueces del Tribunal Supremo. El subcomité de prevención de la tortura de la ONU divulgó un informe el pasado año en el que denunciaba el grave estado de las cárceles brasileñas y, en concreto, recomendaba el cierre inmediato del penal Ary Franco, en el estado de Río de Janeiro.

El coordinador de la pastoral de prisiones de Brasil, el padre Valdir Joao Silveira, sostiene que aquella tragedia dejó como legado positivo una mejora en la formación de los funcionarios de prisiones y más capacidad para afrontar los motines, así como una mayor organización por parte de los presos en contra de la violencia y la tortura en las cárceles y en respuesta a «la ausencia del Estado».

No obstante, critica la política de privatización de presidios iniciada por algunos estados brasileños, que, en su opinión, no solo no soluciona el problema carcelario existente, sino que lo agrava.