El juicio de 26 de los 79 polic�as acusados de la �masacre de Carandir��, la mayor matanza en las c�rceles de Brasil, ocurrida hace veinte a�os en Sao Paulo, se reiniciar� hoy despu�s de una semana del aplazamiento por los problemas de salud de una de las jurado. El juez Jos� Augusto Nardy Marzagao deber� volver a sortear siete nuevos jurados, de una lista de 25 candidatos, y comenzar otra vez el juicio con la lectura de los cargos a los 26 acusados, considerados responsables de la muerte de 15 de los 111 presos que perdieron la vida 2 de octubre de 1992, cuando la Polic�a abort� una protesta. En total eran 84 los acusados, pero cinco de ellos han muerto.

Este proceso ha vuelto la mirada hacia los presidios del pa�s, donde el poder de las mafias y las violaciones de derechos demuestran, seg�n los expertos, que no se han aprendido lecciones del pasado.

La profesora de sociolog�a y experta en temas de violencia de la Universidad de S�o Paulo, Camila Dias, considera que �no se aprendi� nada�. En declaraciones a Efe, subraya que la sobrepoblaci�n es una constante en los penales brasile�os, donde hay carencia de productos tan b�sicos como el papel higi�nico.

Seg�n datos oficiales, las c�rceles albergan a 514.000 personas, cifra que algunos expertos elevan hasta las 600.000.

La p�sima opini�n del estado de los presidios la comparte el mism�simo ministro de Justicia de Brasil, Jos� Eduardo Cardozo, quien lleg� a declarar a fines del pasado a�o que �preferir�a morir� a pasar muchos a�os en las prisiones del pa�s.

Las palabras del ministro, que levantaron una gran pol�mica, fueron secundadas por los jueces del Tribunal Supremo. El subcomit� de prevenci�n de la tortura de la ONU divulg� un informe el pasado a�o en el que denunciaba el grave estado de las c�rceles brasile�as y, en concreto, recomendaba el cierre inmediato del penal Ary Franco, en el estado de R�o de Janeiro.

El coordinador de la pastoral de prisiones de Brasil, el padre Valdir Joao Silveira, sostiene que aquella tragedia dej� como legado positivo una mejora en la formaci�n de los funcionarios de prisiones y m�s capacidad para afrontar los motines, as� como una mayor organizaci�n por parte de los presos en contra de la violencia y la tortura en las c�rceles y en respuesta a �la ausencia del Estado�.

No obstante, critica la pol�tica de privatizaci�n de presidios iniciada por algunos estados brasile�os, que, en su opini�n, no solo no soluciona el problema carcelario existente, sino que lo agrava.