El progresivo desmantelamiento de la cooperación al desarrollo en el Estado desde el comienzo de la crisis tiene visos de consolidar su avance en 2013 y de alcanzar de lleno a gran parte de la cooperación vasca descentralizada (la que se lleva a cabo desde los gobiernos autonómicos, las diputaciones y los ayuntamientos). Las instituciones vascas han pasado de un lentísimo acercamiento al compromiso de destinar el 0,7% del presupuesto neto consolidado para el apoyo de los países del Sur a unos recortes para la cooperación muy por encima de su reducción media. Mientras el presupuesto del Gobierno vasco se reduce un 11% en 2013, la partida destinada a la solidaridad internacional lo hace en un 36%.

Así, el Gobierno vasco parece haber dejado de considerar la solidaridad, los derechos humanos y la cooperación como integrantes de ese ámbito social en el que han puesto las líneas rojas. Ha olvidado cuestiones como la justicia social, vuelve a una cooperación asistencialista y reproduce mensajes peligrosos que nos llevan a pensar que en tiempos de crisis primero son las personas de «aquí».

Estos gravísimos recortes tendrán numerosas consecuencias, pero aquí queremos analizar lo que va a suponer de retroceso en temas de igualdad y el impacto de dichos recortes en la vida de las mujeres del Norte y del Sur. La cooperación vasca descentralizada ha hecho una apuesta clara, cada vez más contundente, en la defensa de la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres, como elementos imprescindibles para el desarrollo de las personas, los pueblos y las sociedades, hecho por lo que ha sido referente.

La apuesta por la equidad de género ha supuesto que se haya hecho imprescindible a la hora de formular un proyecto tener en cuenta algo tan obvio como que todas las sociedades del mundo están compuestas por hombres y mujeres y que las necesidades, expectativas, intereses, ilusiones y sueños de unas y otros no tienen por qué ser coincidentes y que es necesario diferenciar y tomar en cuenta los impactos diferenciados que las actuaciones de la cooperación internacional tendrán para ellas y para ellos. La consecuencia de esta apuesta ha sido la visibilización de la desigualdad y la subordinación de las mujeres en todos los lugares del mundo y el aprendizaje de que no existe ninguna actuación neutra, tampoco en la cooperación. Además, la estrategia del empoderamiento de las mujeres implica que, ante el desigual reparto del poder a favor de los hombres que lleva implícita toda sociedad patriarcal, es necesario apoyar procesos de empoderamiento -o de aumento de cuotas de poder- de las mujeres. La conjugación de estas dos estrategias ha supuesto el trabajo progresivo y constante en defensa del derecho universal a la igualdad entre mujeres y hombres por parte de las ONG del Norte y del Sur que trabajan en el ámbito de la cooperación internacional.

Pero, ¿qué pasará cuando las ONGD del Norte y del Sur comprometidas con este derecho desaparezcan o vean reducidos en un altísimo porcentaje los fondos? ¿Y con las organizaciones de mujeres y/o feministas del Sur apoyadas económicamente desde la cooperación al desarrollo que siguen estos procesos de empoderamiento con otras mujeres? Sin duda el impacto del recorte de fondos de la cooperación será determinante para muchas mujeres del Sur, organizadas o no, que verán retroceder tanto su desarrollo económico y personal como el de sus sociedades: desaparición de campañas de lucha contra la violencia machista, feminicidios, paralización de procesos de educación y salud para mujeres y niñas, procesos de lucha contra la pobreza y de la autonomía económica de las mujeres etc.

Por otro lado estos recortes también tendrán un efecto destacado en lo que las ONGD llamamos educación para el desarrollo, cuyo fin es la sensibilización, formación e incidencia política en las sociedades del Norte para denunciar y revertir las desiguales reglas del sistema internacional que suponen el desarrollo de unos países a costa del necesario subdesarrollo de otros.

También va a tener un impacto importante en las trabajadoras y trabajadores del sector. Las ONGD llevan a cabo su trabajo gracias al personal contratado y al voluntariado y el 70% de este personal asalariado son mujeres.

Por si fuera poco, debemos sumar los recortes llevados a cabo en esta área en la Diputación Foral de Bizkaia, Ayuntamiento de Bilbo y otros consistorios e instituciones vascas.

Finalmente, queremos hacer un llamamiento para evitar el desmantelamiento de la cooperación vasca descentralizada que con tanto esfuerzo de las organizaciones y de las instituciones se ha ido construyendo en Euskadi desde el año en que se hicieron las ya históricas acampadas por el 0,7%. Los fondos públicos que se manejan desde la cooperación al desarrollo son insignificantes en comparación con otras partidas presupuestarias, por lo que entendemos que su sostenimiento es una cuestión de voluntad política.