El mismo día en el que Luis Morcillo confesaba haber matado a tiros al exdirigente de Herri Batasuna, Santi Brouard, por encargo que recibió, según asegura, a través del que fuera teniente coronel de la Guardia Civil, Rafael Masa, este mismo cuerpo militar detenía en Bilbo al miembro de Sortu Iker Rodrigo Basterretxea, al que acusa de un delito de «enaltecimiento de terrorismo» por el recibimiento del cuerpo de Xabier López Peña el pasado viernes en Sondika. El PP no tardó en poner en marcha los mecanismos del manual securócrata que guía sus decisiones: amenazas de ilegalización, utilización de los resortes judiciales y activación del coro de voces -desde el falangismo magenta que representa UPyD hasta las terminales de «víctimas»- que acompañan esta estrategia. De hecho, la detención de Iker Rodrigo es el último capitulo de esa apuesta por perpetuar una situación de excepcionalidad implacable al margen de todo parámetro regular o racional de convivencia.

Un afán de involución que busca proyectar la idea de una sociedad bajo ataque, humillando a unos de sus motores más poderosos, el movimiento abertzale de izquierdas, tratando de vaciarlo de la confianza en sí mismo. Esta detención orquestada responde a ese objetivo. Que sean capaces de conseguirlo, sin embargo, no depende de ellos. Y no lo conseguirán.