El Parlamento navarro rechaza una propuesta del PP contra los escraches
La Junta de Portavoces del Parlamento navarro rechazó ayer, con los votos de UPN y PP, una propuesta de declaración institucional contraria a los escraches frente a los domicilios de cargos públicos. Entretanto, PSN e I-E van a presentar sendas proposiciones de ley para implantar en este territorio una medida similar a la adoptada en Andalucía, con el fin de expropiar temporalmente viviendas de los bancos
GARA | IRUÑEA
La votación sobre los escraches se produce 48 horas después de que el diputado del PP José Cruz Lapazaran fuera rodeado por medio centenar de miembros de la PAH en un bar de la capital navarra. La declaración del PP, que fue rechazada por PSN, Bildu, Aralar-NaBai e I-E, calificaba este tipo de actuaciones como «profundamente antidemocráticas» y consideraba que es «violencia» llevar a cabo escraches frente a los domicilios de los políticos, si bien apoyaba las movilizaciones que se convoquen «legalmente».
El portavoz de UPN, Carlos García Adanero, señaló que si bien en Nafarroa no ha habido escraches frente a los domicilios de los políticos, ésta «no es la forma de protestar adecuada», ya que existen otros «cauces democráticos» para ello.
Juan José Lizarbe, del PSN, rechazó asimismo que se hagan escraches frente a los domicilios de los políticos o que haya «coacciones o intimidaciones» sobre los mismos, aunque explicó que su grupo votó en contra porque «la gente tiene derecho a protestar todo lo que quiera».
«Criminalizar la movilización»
Por su parte, Asun Fernández de Garaialde, de Aralar-NaBai, criticó el intento de «vincular los escraches con la violencia» y de «criminalizar la movilización social» y pidió al PP que, en lugar de presentar este tipo de declaraciones, tome medidas para evitar los desahucios y deje de «proteger» a los bancos.
Bakartxo Ruiz, de Bildu, consideró que «el único objetivo» del PP con este tipo de propuestas es «intentar prohibir» la protesta «lógica, legítima» de los ciudadanos.
«Lo que se intenta es ocultar el verdadero drama, que no son los escraches, sino la gente que está en la calle, que está dejando su hogar y que las personas no tengan derecho efectivo a una vivienda digna», resaltó.
El portavoz del PP, Enrique Martín, aludió al escrache a José Cruz Pérez Lapazarán para decir que «no es un trago de buen gusto, por muy pacífico que sea», y aseguró que este tipo de acciones «no siempre son tan pacíficas».
José Miguel Nuin, de I-E, declaró que su grupo votó en contra de la propuesta porque el PP «vincula las convocatorias de protesta con la violencia», cuando a su juicio los escraches son accionas pacíficas, no violentas, aunque sí «enérgicas».
Expropiaciones
Entretanto, el PSN propondrá en Nafarroa una medida similar a la aprobada por la Junta de Andalucía para evitar los desahucios, que consistirá en la expropiación temporal, durante un máximo de tres años, de viviendas de los bancos y sus sociedades instrumentales.
Según explicó el portavoz parlamentario del PSN, Juan José Lizarbe, su partido todavía no ha presentado la propuesta, que se articulará a través de una proposición de ley, porque quieren contactar con el resto de grupos de la Cámara para que sea aprobada en el Parlamento.
También se mostró dispuesta a alcanzar acuerdos con el resto de grupos Izquierda-Ezkerra, que plantea una expropiación temporal de los inmuebles de bancos e inmobiliarias para establecer un alquiler social para las familias necesitadas y propone además otras medidas como imponer una tasa a las viviendas vacías.
ELA presentó ayer en Iruñea un protocolo de actuación contra los desahucios, con la reivindicación fundamental de «regular la objeción de conciencia para policías forales y locales, bomberos, trabajadores de Justicia y otros empleados públicos».
En el encuentro, la sindicalista Carmen Rodríguez explicó que «el derecho a una vivienda digna es un derecho vulnerado» y recordó que «no existe una regulación de la vivienda habitual que proteja a los ciudadanos frente a su pérdida». Esa realidad «ha impedido que se haya utilizado el realojo de los deudores, que no dispongan de medios para procurárselo por sí mismos». ELA recordó que en Nafarroa existen «más de 1.500 familias inmersas en un proceso de desahucio» y, por el contrario, «existen miles de viviendas deshabitadas de manera permanente». Criticó «al Gobierno navarro y a algunos ayuntamientos» porque «basaron su actuación en el impulso de la construcción de vivienda, fomentando la propiedad, el encarecimiento especulativo y favoreciendo a quienes han hecho negocio con las necesidades de la gente, tanto entidades financieras como promotores inmobiliarios».
Ante esta situación «dramática», ELA propone un protocolo de actuación con siete puntos. Exige al Gobierno navarro que realice una campaña para informar de la existencia del Servicio de Mediación Hipotecaria. Que se informe de los servicios útiles para los afectados. Que los juzgados informen a los servicios sociales de procedimientos de lanzamientos de vivienda habitual para que «se haga constar si se pueden o no realojar». Pide «un plan de emergencias sicológicas» y que se permita «la objeción de conciencia entre los funcionarios, para no intervenir ni ser sancionados por ello». Juanjo BASTERRA
La Audiencia de Bizkaia ha ratificado en un auto la competencia del juez de primera instancia para declarar nulas las «cláusulas abusivas» que puedan estar incluidas en los contratos de préstamo, también los que tengan garantías hipotecarias.
La sección tercera de la Audiencia desestima un recurso de apelación interpuesto por el BBVA contra un auto del juzgado de primera instancia número 10 de Bilbo que declaraba nulo por abusivo el interés moratorio fijado en el 24%.
Para la Audiencia vizcaina, las sentencias emitidas por el tribunal europeo en relación con este asunto avalan que los tribunales declaren de oficio la nulidad de una cláusula contractual. GARA
