Algún año un tribunal determinará si la secuencia de hechos que acabó con la muerte de Iñigo Cabacas es constitutiva o no de delito y si es posible saber quién fue su autor, pero después de un año no es asumible que la Ertzaintza no haya podido decidir si la actuación de un mando ordenando una carga en contra de la opinión de los agentes que estaban en el lugar y del sentido común merece una reprobación interna.

Al paso que va la investigación judicial y visto el interés que está demostrando la Fiscalía, cuya representante ni siquiera ha acudido a algunas de las diligencias practicadas, da la impresión de que el día de la sentencia judicial está lejano, y no parece de recibo que mientras tanto siga en su puesto de mando una persona que ordena cargar con pelotas de goma en un callejón pese a que se le informa por su propios hombres de que «la situación está controlada» y el sitio está abarrotado.

No es admisible ni creíble que la existencia de una investigación judicial obligue a que la ciudadanía siga expuesta por tiempo indefinido a las decisiones escasamente equilibradas de quien tiene a su cargo a agentes armados, algunos de los cuales parece que cumplieron con diligencia gozosa las órdenes recibidas.

Lo conocido en las grabaciones merece ser una «pieza separada» de todo el «caso Cabacas». Y si ese mando no puede ser sancionado, que al menos sea «recompensado» por sus servicios con unas vacaciones pagadas. Si de verdad no cabe pedir ninguna responsabilidad interna, sin duda el contribuyente dará por bien pagado ese sueldo a cambio de sentirse más seguro en la calle.