CRISIS INSTITUCIONAL EN NAFARROA
La AN ve también cohecho en créditos a consejeros de CAN y sus empresas
La AN ha decidido inhibirse para que el presunto cohecho que se investiga en CAN continué en la Audiencia de Nafarroa. En su auto, el juez Eloy Velasco menciona no solo las dietas de la Permanente, sino que amplía el presunto cohecho a créditos recibidos por consejeros de la entidad, sus familiares o sus empresas. La causa que se sigue en Iruñea pasa así de tratar sobre decenas de miles de euros a decenas de millones.
Aritz INTXUSTA | IRUÑEA
Mientras continúa el desfile de miembros de la Permanente de CAN por los juzgados, la Audiencia Nacional decidió ayer inhibirse para que el presunto cohecho cometido en CAN siga investigándose en Nafarroa. Además, la AN entiende que el cohecho no solo estaría ligado a las dietas, sino también a la concesión de créditos a consejeros de CAN y empresas en las que estos participan. La falta de inspección por parte del Gobierno de Nafarroa habría permitido que los consejeros de la CAN hubieran tenido acceso a créditos en mejores condiciones bien sea para ellos o amigos a cambio de favores posteriores.
Según reza el auto dictado ayer por el juez Eloy Velasco, «tanto las acciones de cobro indebido de dietas como el otorgamiento de créditos a familiares empresas participadas» están vinculados de forma «indisoluble» a la falta de inspecciones por parte del Gobierno de Navarra. La Audiencia Nacional sostiene que el hecho de que el Gobierno navarro no cumpliera con su obligación de inspeccionar la caja en los últimos doce años (en realidad, desde el año 1976) constituye una «prevaricación omisiva por ausencia de controles administrativos de las instituciones forales oportunos sobre Caja Navarra».
Por todo ello, la AN no presentará una cuestión de competencias y se inhibe de todo cuanto no sea un delito societario. Es decir, el cohecho y todas sus derivaciones se juzgarán en Nafarroa. Las dietas que se investigan ahora, por tanto, no son sino el primer capítulo de algo mucho más grande. El caso pasaría de centrarse en los 104.962 euros que cobró la Permanente a tratar sobre decenas de millones de euros en créditos e inversiones en empresas.
La decisión adoptada ayer por Velasco da carta blanca a la juez María Paz Benito para seguir adelante. Eso sí, siempre y cuando no decida trasladar la causa al Supremo, un paso al que estaría obligada para que Yolanda Barcina entre en la causa. Benito no es competente para llamar a declarar a la presidenta navarra, y mucho menos para imputarla. Por ahora, ha decidido mantener al margen a Barcina, para seguir teniendo el control sobre la instrucción.
Sin inspección, impunidad
Con la declaración hoy del exconsejero de Economía y exvicepresidente Álvaro Miranda, el tema de las dietas de la Permanente quedará prácticamente zanjado. A falta, quizá, de que llegue nueva documentación y se practiquen un par de pruebas más. De no haberse producido la inhibición de ayer de la AN, a la instrucción del caso en Nafarroa le quedaban apenas unos días. Prácticamente, la juez estaba obligada a archivar la causa o a enviar una exposición motivada al Supremo para que valorase la imputación de Barcina.
Velasco y la juez navarra entienden que la falta de inspecciones por parte del Gobierno fue el verdadero motivo que llevó a Caja Navarra a su desaparición. Esta «prevaricación por omisión» otorgó impunidad a los consejeros de la entidad que, de ese modo, tuvieron vía libre para cobrar decenas de miles de euros de organismos inoperantes, pero también para financiar proyectos empresariales de familiares y amigos a cambio de favores. O, simplemente, obtener créditos a mejores condiciones que las que ofrecía el mercado bancario (aunque, repasadas las memorias de la caja, estos créditos a consejeros y familiares no parecen ser lo más importante).
Ahora la clave está en ver cuáles han sido las empresas presuntamente beneficiadas por Caja Navarra. Para que exista cohecho, se necesitará acreditar un favor posterior. En realidad, no existe un listado, pero sí que han aflorado una serie de inversiones sospechosas. Dejando a un lado Navarra Building (en la que participa Barcina), Kontuz elaboró un listado de «inversiones de dudosa justificación» en su denuncia, en las que apreciaba «amiguismos». Esta asociación, motor del «caso CAN», no presentó una denuncia por cohecho (este delito fue mencionado por primera vez en un auto de la juez y corroborado después por la AN) y, por tanto, habrá que ver qué empresas de las que cita encajan en la nueva categoría delictiva.
Cadena de favores Sanz-Fluxá
El caso más claro, a primera vista, puede ser el de las empresas Marco Polo Investments e Ikusi. En ambas participa de forma destacada el consejero Ricardo Martí Fluxá, ex secretario de Estado para la Seguridad. En concreto, en el fondo de capital riesgo Marco Polo la caja perdió prácticamente la mitad de la inversión mientras en Ikusi pagó las acciones con una prima (es decir, sobrecoste) de en torno al 30%. Se da la circunstancia de que Martí Fluxá presidía la Comisión de Retribuciones, es decir, el organismo que decidió cuánto había que pagar a los miembros de la Permanente.
Además de esto, Martí Fluxá acabó recibiendo un puesto en Bodegas Sarría, junto con Sanz, Enrique Goñi y José Antonio Sarría (CEN). Pero, lo más llamativo de todo es que este exconsejero de CAN es presidente de MGO, una empresa de seguros en cuyo consejo de administración recaló Sanz tras dejar el Gobierno de Nafarroa.
Después de la inhibición de ayer de la AN, el tribunal de excepción español juzgará el grueso de la evolución económica de la entidad y la salida a bolsa. Indagará si se informó bien a los inversores y si las cuentas anuales de la entidad reflejaban la realidad o se falsearon.
El alcalde de Iruñea, Enrique Maya, declaró ayer en los juzgados en calidad de imputado. Maya fue el último en llegar a la Permanente y, por tanto, su testimonio era el que menos podía aportar. Si no determinantes, sus declaraciones abundaron en el escándalo de la dietas de un organismo tan opaco como inútil. «En las primeras sesiones a las que acudió tuvo dificultad para entender la terminología y los datos que se daban», recogen las actas de su declaración. En particular, le costó entender la primera reunión de la Junta de Entidades Fundadoras, porque dijo que «tuvo un contenido muy amplio y complicado y tuvo que hacer varias preguntas para entender bien de qué se estaba hablando». Aun así, Maya detalló bien que los ingresos que percibía se los pagaban mensualmente. Nunca se lo cuestionó, puesto que interpretó que formaban parte de su cargo.
A diferencia de Miguel Sanz, que declaró el viernes pasado, el alcalde de Iruñea contestó también a las preguntas de las dos acusaciones populares (Kontuz y UPyD). Sin embargo, el interrogatorio no sirvió para dilucidar quién era el que convocaba las reuniones. Según el secretario general de CAN, Alberto Pascual, estas convocatorias eran realizadas por el presidente de la Permanente (que para cuando entró Maya, ya era Yolanda Barcina). El alcalde aseguró no saberlo, porque su secretaria es quien le lleva la agenda. Sí recordaba que las reuniones dobles de la Permanente se realizaban de un tirón y que no existía orden del día.
Lo más destacado del interrogatorio fue la reaparición del «borrador» al que aludió Sanz, que fue refrendado por Barcina para crear la Permanente. Ese misterioso documento ha resultado ser un borrador del Reglamento que se aprobó en junio de 2011, pero fechado a febrero de ese año. Este Reglamento requería de la aprobación de la Comisión de Control, presidida por Barcina. El texto sigue sin explicar las reuniones de la Permanente en 2010. Una página del borrador (que no habla de la Permanente) se repartió a los concejales A.I.
La declaración de hoy del exconsejero de Economía Álvaro Miranda será la más importante a la hora de tratar la falta de inspecciones a la entidad y para ver cómo encajaban las dietas de la Permanente con los sueldos de los políticos, ya que, en teoría, una dieta cubre solo los gastos.
El auto dictado ayer por la Audiencia Nacional menciona otro recurso del exdirector de CAN, Enrique Goñi, para dar carpetazo a la investigación en Nafarroa y que todo vaya a la AN. Pedía a Velasco que elevara una cuestión de competencia al Supremo, pero sin éxito.
