Diferentes colectivos integrados por personas afectadas por el desempleo, la precariedad laboral y los recortes sociales reivindicaron ayer en Bilbo «nuestro derecho a unos servicios sociales dignos y a una gestión de calidad por parte de las diferentes administraciones y, en concreto, por parte de Lanbide».

Tras recordar las reiteradas denuncias frente al Gobierno de Gasteiz por su «política de recortes en las prestaciones económicas, que teníamos garantizadas por derecho en la CAV», denunciaron una serie de «recortes encubiertos» que se están produciendo desde 2010 cuando se regulan diferentes prestaciones sociales «a la baja». Desde esa fecha se «restringe el acceso a la misma y se endurecen los requisitos de acceso a las ayudas sociales de la anterior Renta Básica».

La actual crisis económica ha generalizado las penurias económicas entre la población afectada, que ha aumentado, como denunciaron ayer en Bilbo los representantes de 24 grupos sociales. «Las directrices marcadas por Lanbide y el Gobierno vasco -manifestaron- tratan de expulsar al máximo número de personas del sistema de protección social, poniendo todo tipo de trabas burocráticas, dificultades insalvables, maltratando a las personas, incluso incumpliendo permanentemente la ley, sabiendo que la defensa ante los juzgados es un proceso eterno, más para alguien que tiene necesidades básicas no cubiertas».

Todas estas vulneraciones han llevado a los grupos sociales a elaborar lo que han denominado «Código de malas prácticas de Lanbide», que recoge de manera directa catorce irregularidades y se presentan propuestas para resolver los problemas. En Bilbo, dejaron claro que han mantenido diferentes reuniones con los responsables del Gobierno de Gasteiz pero «no han sido corregidas».

En ese código aparecen en primer lugar «tiempos y métodos de atención poco eficaces y oficinas de atención saturadas», donde no existen mesas de registro, ni nada parecido. En este caso reclaman, entre otras cuestiones, que se dé cita a todas las personas que llamen por el servicio de atención telefónica; que haya un punto de registro de documentación en cada oficina de Lanbide, y que se concedan las citas previas como máximo en el plazo de una semana.

Reducir a dos meses el plazo

Otra queja que figura entre las malas prácticas de Lanbide son los «tiempos de demanda y tramitación demasiado largos». Porque se tarda una media de «dos meses en dar una cita» y se alarga ocho meses entre que se tramita hasta que se concede. «Es un tiempo excesivo, porque son demandas para atención básica». Por eso, entre las propuestas que realizan es que «a los dos meses se paguen las prestaciones» y, si hace falta más documentación «se pida a los usuarios, pero no se les haga responsable de los retrasos».

Los colectivos piden que se tramiten los 7.000 expedientes paralizados «sin resolver». Tampoco están de acuerdo en «suspensiones injustificadas de Renta de Garantía de Ingresos durante meses por criterios subjetivos, que interpretan la ley en perjuicio de las personas afectadas». Entienden que «las sospechas no pueden dar pie a la suspensión, solo tras hechos probados y tras ejercerse el derecho a la defensa». Se incluye que «se suspende el pago sin comunicar nada» o que no haya un registro de documentación entregada».