El Gobierno español decidió, sin comunicar a los afectados, «reducir y congelar las nóminas de los trabajadores prejubilados» de las grandes empresas como Altos Hornos, La Naval y Babcock. Esa decisión ha generado un fuerte rechazo de los extrabajadores y del conjunto de las centrales sindicales que se manifestaron ayer en Bilbo. Anunciaron que mantendrán las protestas y estudiarán presentar un conflicto colectivo, porque «se han vulnerado las condiciones que pactamos en su día, por las que la Comisión Europea entregó las ayudas», dijo Karlos Ruiz, exdelegado de LAB en AHV.

Néstor Fernández, de CCOO, explicó que «en la nómina de marzo, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) dio orden de descontar y congelar el salario que nos pagan las aseguradoras con las que se establecieron los acuerdos previos, bajo la disculpa de que somos funcionarios».

Fernández criticó que «es una barbaridad, si hay alguna decisión legal al respecto, que se nos dé a conocer esos detalles y poder actuar». Según explicó, el descuento se establece entre 100 y 200 euros al mes, «lo que es una cantidad importante al año». El representante de CCOO apuntó que «los trabajadores estamos dispuestos a aportar nuestros dineros a un plan solidario que se realice entre fuerzas sindicales y políticas, como se hizo antiguamente con los Pactos de La Moncloa. Ahí aportaremos para que este país salga adelante. Lo que no es de recibo que, sin hacer ese plan, se nos meta la mano en el bolsillo. Es una inmoralidad», lamentó.

Estas palabras del representante de CCOO no fueron secundadas por el resto de representantes. De hecho, Karlos Ruiz, de LAB, añadió que «hay un robo de mayor calibre como es la congelación del 2011, 2012 y 2013, que solo cobramos un 1%. Esas cantidades nos garantizaban en las pólizas de las aseguradoras y las empresas». Explicó que el Gobierno español «nos está robando por la vía de decreto los derechos consolidados en la Seguridad Social y en los complementos de pensiones porque no se nos ha comentado ni qué medidas, ni razonamiento alguno en esta actuación».

Emilio Urreta, ex trabajador de Euskalduna y La Naval por parte de ELA, denunció, a la vez, «que se convierte en habitual romper acuerdos y atracar a los trabajadores». Mientras que Manuel Velado, de UGT, criticó, sobre todo, «la actuación a espaldas de los afectados».