(...) Ante el fin del terrorismo, el Gobierno de Rajoy ha optado por el inmovilismo absoluto, cuando no por endurecer aún más la situación. Cada vez que ETA ha dado un paso, la respuesta de la derecha ha consistido en elevar el listón de las exigencias para evitar enfrentarse al problema. Así, en lugar de intentar alcanzar una solución ordenada, que cierre para siempre el conflicto, no solo no se han acercado los presos al País Vasco (lo cual depende de una mera decisión administrativa), sino que se ha bloqueado la vía Nanclares de reinserción, se ha presionado a Noruega para que expulse de su territorio a los líderes de ETA que estaban en contacto con la Comisión Internacional de Verificación y se está haciendo todo lo posible para que el pleno del Consejo de Europa no tumbe la cuestionable doctrina Parot. A todo esto debe añadirse la absurda situación que supone la permanencia de Arnaldo Otegi en prisión.

(...) En la Transición, cuando en junio de 1977 se convocaron las primeras elecciones democráticas, los únicos que decidieron rechazar el nuevo sistema político fueron ETA, el GRAPO, las tramas ultraderechistas e importantes sectores del Ejército de querencia golpista. Poco a poco se fue reconduciendo la situación. El golpismo desapareció a finales de los años ochenta y el GRAPO a finales del siglo pasado. Parece que el tiempo de ETA ha acabado también. Es la hora, pues, de cerrar la última herida que queda del proceso político iniciado tras la muerte de Franco. Se trata de restaurar la normalidad política en el País Vasco, lo cual requiere resolver de una vez por todas los problemas de los presos y las armas. (...)

Para ello, para cerrar esta herida aún abierta, creo que deben seguirse los mismos principios que informaron el periodo de la Transición. En aquellos años se actuó con gran generosidad: salieron de la cárcel los presos políticos, incluso los que tenían delitos de sangre, y las fuerzas de la oposición (la izquierda, los nacionalistas y grupúsculos liberales y democristianos) renunciaron a pedir cuentas a los dirigentes del franquismo por la represión y por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos más básicos cometidos durante la dictadura. (...)

A mi juicio, solo hay dos posturas coherentes. Por un lado, la de quienes creen que no hay que hacer apaños nunca, ni con los franquistas ni con los etarras. Para ellos, la aplicación ciega y literal de la justicia está por encima de la convivencia política. Por otro lado, la de quienes pensamos que en aras de dicha convivencia, en ocasiones conviene, para garantizar un régimen político inclusivo, con bases sólidas, integrar a todas las fuerzas, aun si eso supone tener que forzar algo ciertos principios de justicia. (...)