La noticia del cierre de la planta de Corrugados, anunciada justo hace un mes por el Grupo Gallardo, ha supuesto un duro golpe para los habitantes del valle de Urola, que ayer secundaron de forma masiva la manifestación convocada por el comité.

Pasadas las doce del mediodía, un millar de personas iniciaba en la plaza de la localidad la marcha contra el cierre tras una pancarta portada por los miembros del comité con el lema «Corrugados Bizirik, enplegua defenda dezagun». A lo largo del recorrido, los asistentes corearon lemas como «Gallardo, entzun, zu zara errudun», «Hemen gaude, lanpostuen alde» o «Hemen bizi, hemen erabaki».

Precisamente, el delegado de LAB Esteban Campos, que actuó como portavoz, exigió que el ERE que se negocia en Madrid se traiga a Euskal Herria, ya que lo que pretende la dirección es «alejar del ámbito de la negociación la presión política y social que podamos ejercer desde aquí» y que el recurso contra el ERE «se juzgue en la Audiencia Nacional, para conseguir allí los despidos que los jueces de aquí no han admitido».

Por todo ello, el portavoz del comité pidió la implicación de las instituciones vascas, a las que emplazó a «pasar de las palabras a los hechos», y a los ciudadanos a seguir participando en las movilizaciones.

Campos denunció que «una decisión especulativa adoptada en Extremadura no puede poner en peligro nuestros puestos de trabajo ni el desarrollo industrial de la comarca».

El Grupo Gallardo entregará este martes ante la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Empleo el despido colectivo para toda la plantilla de Azpeitia (300 trabajadores) y la reducción de 38 puestos de trabajo en Lasao. Este trámite dará paso a la apertura de un periodo de consultas que tendrá una duración máxima de 30 días.

Tal y como recordó Esteban Campos al término de la manifestación, en lo que va de año se han llevado a cabo ya una decena de reuniones que, pese a los esfuerzos del comité, no han dado frutos «porque el Grupo Gallardo no ha querido garantizar el futuro de la empresa». Según denunció, «no ha querido comprometerse a traer más carga de trabajo». De hecho, recordó que la dirección proponía una carga de trabajo de 300.000 toneladas y en la documentación aportada la pasada semana solo garantiza esa cantidad para todas las plantas que tiene en el Estado español, hecho que calificó de «tomadura de pelo» tanto a los trabajadores como a las instituciones públicas vascas, ante las que la empresa adquirió una serie de compromisos para recibir ayudas públicas.