Prejubilados de grandes empresas como La Naval, Altos Hornos y Babcock Wilcox se han movilizado esta semana en Bilbo para denunciar que las entidades que gestionan sus pólizas externalizadas «no están cumpliendo los acuerdos salariales correspondientes». La realidad es que el Gobierno español decidió, sin comunicar a los afectados, «reducir y congelar las nóminas de los trabajadores prejubilados». Esa decisión ha generado un fuerte rechazo de los extrabajadores. Anunciaron que mantendrán las protestas y estudiarán presentar un conflicto colectivo, porque «se han vulnerado las condiciones que pactamos en su día, por las que la Comisión Europea entregó las ayudas», dijo Karlos Ruiz, exrepresentante de LAB en AHV. Se calcula que los recortes que están aplicando ya a la nómina de marzo van entre 100 y 200 euros, una cantidad importante si se computa a nivel anual.

Emilio Urreta, extrabajador de Euskalduna y después en la Naval de Sestao y miembro de ELA, recuerda el paso por la Gran Vía. «Pisamos asfalto. Creímos que estaba superado, pero volvemos. Tenemos que seguir peleando porque rompen los acuerdos sin decir nada». Para él, la decisión del Gobierno español con la connivencia de las aseguradoras es «un grave problema, porque ese dinero para anticipar nuestra jubilación llega de Bruselas y se calcula cuánto cobras y cuánto te tienen que ir subiendo. Si nos recortan es ilegal. Nos quieren equiparar a los funcionarios, que nunca lo hemos sido pese a trabajar en el sector público». Para él, esta decisión del Gobierno de Rajoy es «otro atraco más».

Un extrabajador de La Naval de Sestao, Kepa Muruaga, recuerda a GARA que «esta movida viene a raíz de que no se cumplen acuerdos por parte de SEPI, nos quieren inmovilizar el IPC y no nos quieren actualizar, en un juego de malabar para robarnos por la cara nuestro dinero». Por eso, entiende que «ante esta evidencia tenemos que venir aquí y no callarnos. Somos mayorcitos para andar con estas situaciones».

Muruaga, en relación a esa cantidad, explica que «el problema es más importante que esos cien euros que nos quitan. Tenemos que cotizar IRPF, ya no estamos exentos y, por lo tanto, entre una cosa y otra el recorte va de 400 a 500 euros al mes. Estamos aquí pero no nos vamos a callar».

Añade, por otro lado, que «el Gobierno español quiere hundirnos en la miseria, porque luego a los 65 años vendrá la regularización de la pensión, que también nos dará otro hachazo. Nos están robando a la cara. No hace falta ir muy lejos, porque están en el propio Gobierno los mangantes».

Carmen Martín trabajó en el sector de la Limpieza. Es del grupo de prejubilados y pensionistas de LABE. «Estamos con menores salarios que todos estos, pero hemos venido por solidaridad. Porque nos tenemos que unir para hacer fuerza para que no nos quiten nuestras nóminas ya recortadas».

José Luis Murgia, ex trabajador de La Naval y miembro del sindicato independiente CAT, expresa que «los recortes nos están fastidiando a todo el pueblo. Es así. Se nos ha mentido y se ha hecho con alevosía, sin decir nada. Es prepotencia». Carlos Gallego, todavía en activo en el astillero de Sestao y del CAT, explica que «los recortes no tienen sentido. Se firman los acuerdos para cumplirlos, pero en este país parece que lo que se firma no se puede cumplir. No sé que pasa. El PP se lo salta todo a la torera».

Manuel Velado, de UGT, recuerda que esas pólizas están «firmadas y aseguradas». Para él, «es necesario judicializar todo el proceso. No es entendible que nos pretendan dar el tratamiento de funcionarios, cuando la remuneración de estos ERE no parte de los presupuestos del Estado, sino que son unas pólizas, que están externalizadas por ley y capitalizados». Entre las tres empresas, el número de trabajadores afectados asciende a entre 2.000 y 2.500 personas.