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«caso cabacas»
La Ertzaintza presiona a Lakua para que mantenga la «ley del silencio» en el caso de Cabacas
Los sindicatos abandonaron una reunión tras trascender el relevo de seis agentes, pese a que no es un castigo y tendrán más sueldo. Exigen a Beltrán de Heredia que «no se deje a nadie tirado»
![p002_f01_72232.jpg p002_f01_72232.jpg](/Repository/Imagenes/Pub_3/Issue_8857/p002_f01_72232.jpg)
Ramón SOLA | BILBO
El pasado viernes, representantes de todos los sindicatos de la Ertzaintza mantuvieron una reunión con el viceconsejero de Seguridad de Lakua, Josu Zubiaga, y el director de la Ertzaintza, Gervasio Gabirondo, para analizar la situación tras la difusión en GARA de las conversaciones internas de la Policía autonómica antes, durante y después de la carga que acabó con la vida de Iñigo Cabacas. La cita estuvo marcada por la preocupación de los representantes de la Ertzaintza ante la ruptura de la «ley del silencio» que había mantenido aletargado el caso hasta ahora. Y de la inquietud se pasó a la tensión al conocerse, mientras se desarrollaba la reunión, que Seguridad había comunicado mediante una nota pública la decisión de cambiar de funciones a seis de los agentes implicados en los hechos.
Según ha confirmado GARA, al saberse esto varios de los sindicatos optaron por abandonar la reunión como protesta por lo que temen que sea un cambio de posición en el el Departamento. Entre ellos estaban los dos mayoritarios: ErNE y ELA.
Seguridad aclaró desde el primer momento que la medida no supone un castigo disciplinario, sino más bien lo contrario: se toma para proteger a los agentes por si las grabaciones pudieran producir que fueran identificados y que ello derivara en un «condicionamiento» de su labor. De hecho, en la misma reunión Zubiaga explicó a los sindicatos que se han limitado a traspasar a los citados agentes a funciones ajenas a «seguridad ciudadana» a través de una comisión de servicios forzosa, pero que continuarán operando cerca de la comisaría de Bilbo y que incluso tendrán un aumento salarial.
Nada de ello tranquilizó a los sindicatos, que entienden que esa decisión lleva parejo implícitamente un señalamiento a los citados ertzainas, en un momento en que sigue sin haber nadie imputado judicialmente. Y temen que, en consecuencia, el nuevo Departamento de Seguridad de Estefanía Beltrán de Heredia no les brinde el amparo total dado por el anterior Departamento de Interior liderado por Rodolfo Ares.
Atutxa como argumento
Los sindicatos que se entrevistaron con Zubiaga y Gabirondo en este peculiar «gabinete de crisis» fueron ErNE, ELA, ESAN, SIPE, EUSPEL y CCOO. Para algunos de ellos, lo que procede en este momento es continuar negando todo y «no entrar en el juego», y en este sentido la decisión de apartar a los seis ertzainas supone un paso atrás porque ofrece la imagen de que se ha roto el cierre de filas.
Por contra, desde el Departamento se argumenta que una vez publicadas las grabaciones resulta innegable que algunos ertzainas están identificados. Si bien sus nombres no se han publicado por el momento, el viceconsejero de Seguridad considera que «están en la calle».
Uno de los intervinientes en la reunión llegó a reprochar a los actuales titulares del Departamento que Juan María Atutxa, exconsejero de Interior también del PNV, nunca hubiera tomado una medida como este cambio de funciones.
En este contexto, desde los sindicatos, con matices pero sin excepciones, se exige al Departamento de Seguridad que siga ofreciendo una cobertura total a los ertzainas. La inexistencia de expedientes disciplinarios en curso -se pararon con la excusa de que hay una investigación judicial abierta- no les resulta suficiente. Algunos sindicatos plantearon abiertamente que la consejera de Seguridad dé garantías personales a los implicados. Se puso sobre la mesa una «invitación» a que se reúna con todos ellos en grupo y les garantice que «aquí no se va a dejar tirado a nadie».
En realidad, según se argumenta desde el Departamento, lo que ha cambiado no es la posición de los responsables políticos de la Ertzaintza, sino el escenario general de la gestión del caso. La difusión de las grabaciones por parte de GARA, Naiz e Info7 Irratia ha hecho patente ante la opinión pública vasca lo que se intentaba ocultar o desfigurar desde hace un año: que la carga no tenía justificación y que la Ertzaintza supo desde el primer momento que Cabacas era víctima de un pelotazo.
Es esa información la que ha puesto «patas arriba» la estrategia llevada hasta ahora, según se asume. Tras la difusión de las conversaciones el pasado lunes, se ha abierto un debate entre los sindicatos sobre si no hubiera sido más adecuado proceder a una filtración previa de las grabaciones que, en forma de «voladura controlada», amortiguase los efectos que tuvo la noticia de GARA del pasado lunes.
El impacto de la noticia
Por aportar algunos datos que pueden ser significativos del impacto que tuvieron las grabaciones, los audios de la Ertzaintza han llegado a un público de 740.000 personas a través de su difusión por redes sociales. Solamente la portada de GARA del lunes fue intercambiada por 2.000 personas a través del Facebook de este diario, algo que nunca había ocurrido hasta ahora, y se calcula que en total ha sido vista por unas 540.000 personas. A ello hay que sumar la cifra, imposible de medir, de quienes accedieron a la información a través de otros cauces, dado que la noticia fue tratada por muchos medios en todo tipo de formatos (informativos, tertulias...)
Todo este eco ha sumido a la Ertzaintza en una absoluta confusión sobre cuál es el camino más eficaz para tratar de seguir protegiendo a los agentes implicados en los hechos, bien porque estaban en el callejón María Díaz de Haro o porque dieron las órdenes finales desde la comisaría de Deustua. En la reunión del viernes se puso sobre la mesa la opción de filtrar otras conversaciones todavía no aparecidas y que pudieran sembrar más dudas en la opinión pública, pero la conclusión general fue que «es tarde» y que las grabaciones ya difundidas son imposibles de contrarrestar.
Tras la aparición de las grabaciones sonoras de las conversaciones entre los ertzainas que habían permanecido ocultas un año largo, GARA dio cuenta este domingo de otra «laguna» significativa en la aportación de elementos de prueba: en comisaría no hay registros documentales de la entrega y devolución de escopetas y pelotas a los agentes que intervinieron en el callejón María Díaz de Haro. Otro vacío similar se percibe en torno a las grabaciones videográficas. Si existen, no se han revelado. Y si no existen, probablemente el entonces viceconsejero de Interior, Miguel Buen Lacambra, debería hacer alguna aclaración.
En la comparecencia parlamentaria del 12 de abril, Buen acompañó al consejero Rodolfo Ares y al director de la Ertzaintza Antonio Varela, aunque apenas tomó la palabra durante una sesión que se prolongó durante cerca de tres horas. Tras una pregunta del parlamentario del PSE José Antonio Pastor, que se interesó por si existían imágenes de la carga, Buen sí habló brevemente para explicar que «en cuanto a las cámaras, realmente yo autoricé la instalación de siete cámaras. Y además, los agentes intervinientes, las patrullas intervinientes portaban
cámaras, como lo suelen hacer habitualmente».
Buen aludió también a la opción, que había sido publicada en medios de difusión, de que existieran otras cámaras instaladas en edificios cercanos, «como puedan ser bancos».
La realidad es que a día de hoy no se conoce grabación de vídeo alguna que pueda contribuir a esclarecer aún más lo ocurrido aquel 5 de abril. En la nota que emitió la familia Cabacas Liceranzu en julio del pasado año, en la que pedía públicamente ayuda a testigos capaces de aportar datos, uno de los puntos hacía hincapié en ello: «No hay grabaciones por parte de los agentes», denunciaban los allegados tras recordar que su utilización es preceptiva en estos casos. GARA