El grupo de Bildu en las Juntas Generales de Araba aseguró ayer que el acta de la reunión que «hubiera dado poderes» al exgerente de la sociedad foral VIAS, Unai Grajales, para la firma del contrato de mejoras en la AP-1 «no menciona el polémico contrato». La coalición soberanista señaló que los documentos a los que aludió el antiguo administrador de la sociedad encargada de gestionar la carretera que une Gasteiz y Eibar «no existen».

En enero, la diputada de Obras Públicas y Transportes, Alicia Ruiz de Infante, acusó a Grajales de cometer «irregularidades» en la gestión de la vía que conllevaron un sobrecoste de unos 3 millones de euros para las arcas forales. En concreto, denunció que el jeltzale había firmado en enero de 2011 un contrato con Bidelan, la empresa responsable del mantenimiento y gestión de la autopista, algo para lo que, según la diputada, no tenía poderes.

El jeltzale compareció la semana pasada en la Cámara alavesa, en la que garantizó que en el momento de la firma tenía poderes jurídicos y facultades políticas para ello. Asimismo, afirmó que el contenido del contrato se acordó en una comisión mixta entre las diputaciones de Araba y Gipuzkoa.

Bildu emplazó a la Diputación a «defender los intereses» de Araba. Le animó a acudir a los tribunales porque «estamos jugando con fuego, en la delgada línea roja que separa lo legal, de lo ilegal y de lo alegal».