La juez de la Operación Puerto condenó a un año de prisión al médico Eufemiano Fuentes y a cuatro meses de cárcel al preparador físico José Ignacio Labarta, pero no accedió a entregar las bolsas de sangre intervenidas al primero a las autoridades deportivas. En la sentencia notificada ayer, la magistrada Julia Patricia Santamaría absuelve a los otros tres acusados, los exdirectores deportivos Manolo Saiz y Vicente Belda, y la exresponsable médico de los equipos ciclistas Kelme y Comunidad Valenciana, Yolanda Fuentes -hermana de Eufemiano-.

La juez considera a Eufemiano Fuentes autor directo de un delito contra la salud pública, en aplicación del artículo 361 del Código Penal, y le condena a cuatro años de inhabilitación para el ejercicio de la medicina deportiva y a una multa de 10 meses con una cuota diaria de 15 euros. El fallo no afecta a su trabajo actual, como médico de familia en Canarias.

Igualmente, ve probada la «colaboración activa» de José Ignacio Labarta «a cambio de una remuneración que le pagaba Eufemiano Fuentes». Por contra, la magistrada concluye que no ha quedado acreditada la relación con los hechos de los otros tres acusados en el juicio.

«Derechos de los deportistas»

En la resolución, de 348 folios, Santamaría rechaza la pretensión de las acusaciones ejercidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), la Unión Ciclista Internacional (UCI), el Comité Olímpico Italiano (CONI) y la Federación Española de Ciclismo (RFEC) de que les fueran entregadas las bolsas de plasma y sangre intervenidas a Fuentes.

La juez alude al respeto a los derechos fundamentales de los deportistas reconocidos en la Constitución española para justificar su decisión y ordena que las muestras y el material informático aprehendido en la operación, desarrollada en 2006, sean destruidas tan pronto como la sentencia sea firme. Eso sí, se conservará parte de las muestras por si en el futuro se juzga al hematólogo José Luis Merino.

Santamaría también rechaza indemnizar al exciclista del Kelme Jesús Manzano, que ejerció la acusación particular y pedía 180.000 euros a los procesados, al entender que aceptó voluntariamente las prácticas dopantes.

La Agencia Estatal Antidopaje (AEA) anunció que recurrirá.