Detenidas en Catalunya 145 personas por falsos contratos de trabajo para cobrar el paro
GARA | BARCELONA
La Policía española detuvo en Catalunya a 145 personas y ha imputado a otras 275 acusadas de defraudar 7,8 millones de euros creando empresas ficticias para hacer falsos contratos de trabajo para cobrar después fraudulentamente la prestación de desempleo.
En una investigación que ha durado varios meses, los agentes pusieron al descubierto una trama que había creado empresas relacionadas con la construcción, servicios de limpieza y jardinería con la única intención de tramitar altas de falsos trabajadores para que pudieran percibir prestaciones por desempleo o subsidios.
Según informó la Policía española, entre los detenidos figuran tanto los administradores de las empresas mercantiles ficticias como algunos de las personas que eran falsos empleados que habían pagado para ser contratados y así poder optar después a cobrar fraudulentamente el subsidio de desempleo.
Las investigaciones las iniciaron el Servicio de Prevención de Delitos Económicos de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Catalunya, que detectaron 19 empresas inscritas en el Régimen General de la Seguridad Social carentes de actividad laboral real y efectiva.
Objetivo, defraudar
Tras analizar la documentación de estas empresas y efectuar varios registros en ellas, los agentes pudieron comprobar que estas compañías, dedicadas supuestamente a trabajos de construcción, servicios de limpieza y jardinería, se habían creado con la única intención de defraudar al servicio público de empleo.
Según la Policía, únicamente dos de las 19 empresas investigadas tenían actividad real, aunque también habían sido utilizadas por sus administradores para hacer contrataciones falsas. Además del fraude en el cobro irregular de los subsidios, las empresas tampoco pagaban las cuotas de seguros sociales de empleados que daban de alta.
La cantidad defraudada hasta el momento asciende a 7.806.708 de euros, 4.821.246 de ellos por impagos a la Seguridad Social, y 2.985.462 a subsidios percibidos ilícitamente del servicio público de empleo.