El anteproyecto de ley de cajas y fundaciones bancarias aprobado ayer por el Consejo de Ministros implica la transformación en fundaciones bancarias de la mayoría de las cajas, a excepción de Caixa Pollensa y Ontinyent, las únicas que podrán continuar operando como cajas.

Esta medida afectará a las entidades que trasladaron su negocio a un banco, como BBK, Kutxa y Caja Vital, así como La Caixa, Unicaja e Ibercaja.

Las fundaciones deberán reducir progresivamente su participación en las entidades bancarias. Aunque en un principio se esperaba que el plazo fijado sería para finales de 2013, el ministro de Economía, Luis de Guindos, señaló ayer que «no hay fecha» para ello. El objetivo sería evitar ventas forzosas, con plazos prefijados, que abocarían a pérdidas de valor.

Las fundaciones bancarias, que son aquellas que ostentan al menos un 10% de una entidad de crédito fueran o no cajas anteriormente, estarán sujetas a unas obligaciones que serán crecientes en función de su participación en la entidad de crédito.

La norma obligará a los presidentes de estas entidades a escoger entre la presidencia de la fundación y la del banco, ya que se impide que los miembros del patronato de las fundaciones lo sean a su vez del consejo de administración de la entidad de crédito, algo que afecta directamente al presidente de Kutxabank, Mario Fernández.

Además, estarán sujetas al control estricto del Banco de España, en el marco de sus funciones de supervisión financiera; en materia de gobierno corporativo, será el Ministerio de Economía el que ejerza esta función si la fundación bancaria opera fuera de su comunidad.

El ministro de Economía explicó tras el Consejo de Ministros que con este anteproyecto -con el que se da por culminada la reforma del sistema financiero- la limitación de las cajas será triple: material, física y de volumen.

Así, estas entidades no podrán tener un activo superior a los 10.000 millones de euros o una cuota de depósitos por encima del 35% de los de la comunidad autonómica en la que operen.

Además, la normativa -impulsada por la troika como contrapartida al rescate de la banca española- pretende incrementar la «profesionalización» de los órganos de gobierno de las cajas. De esta forma, se fortalece la incompatibilidad de formar parte de los órganos de gobierno con cargos ejecutivos en partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales.

«Modelo tradicional»

Según el ministro de Economía, la ley estará basada en un principio fundamental: que las cajas «nunca» tendrían que haber abandonado su función originaria, ajustada a su territorio y a los ahorradores y a los pequeños y medianos empresarios, además de dedicarse solo al negocio minorista. «Volvemos al modelo tradicional», dijo De Guindos.