El fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, afirmó en una entrevista con Efe que un acuerdo entre el Gobierno colombiano y las FARC obligará a crear un escenario jurídico que incluiría desde la excarcelación de presos hasta penas suspendidas para los líderes guerrilleros con largas condenas.

Esas medidas implicarían, según incidió, que la Corte Penal Internacional (CPI) mire a Colombia de forma «excepcional» porque «hay que buscar un equilibrio entre el deber de investigar y acusar de graves violaciones de los derechos humanos con los derechos que tienen los estados a la consecución de la paz».

El fiscal reclamó ese necesario equilibrio y explicó que, para establecer pautas de justicia transicional, Colombia ya tiene un Marco Legal para la Paz, aprobado por el Congreso. Bajo ese escenario, «la Justicia se centrará en investigar, acusar y llevar a juicio a los máximos responsables de la guerrilla, sin descartar que lleguen a ser acusados de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra». Entre el abanico de posibilidades barajó la excarcelación de presos, «la suspensión condicional de las penas una vez impuestas» o la renuncia a la acción penal.

«Experiencias internacionales han demostrado que no se pueden investigar todos los autores y todos los delitos cometidos en conflictos armados», resaltó.

La delegación de paz de las FARC se comprometió ayer en un comunicado a «revisar cualquier error que se hubiese cometido en desarrollo del conflicto y de la resistencia armada a que nos ha obligado el terror de las élites en el poder en función de la reconciliación», pero remarcó que ni «los victimarios ni sus tribunales tienen autoridad moral para juzgarnos».

Reiteró que «quien debe pedir perdón es el Estado por el hambre, el analfabetismo, la concentración violenta de la tierra y por la guerra que ha impuesto».