Acuerdos de país, de todo el país: ni de legislatura ni de gobierno
La palabra «país» es polísémica o, como mínimo, puede referirse a cosas distintas según quién la pronuncie. Puede ser sinónimo de pueblo, de un territorio concreto, de una sociedad determinada, de nación, incluso de estado. Según quién la pronuncie, puede ser la negación de todos ellos, una especie de subterfugio. Asimismo, en un mismo país caben muchos, en todos los sentidos. Los que no son sinónimos de país son gobierno y legislatura. Tampoco parlamento ni estabilidad, aunque el primero sea indispensable para representar a un país -conste que los vascos no lo tenemos, no al menos uno y soberano- y la otra sea un valor importante para el mismo -difícilmente la lograremos si no llegamos a acuerdos estructurales, no coyunturales-.
Por eso cuando el PNV propone a principios de la semana un «acuerdo de país» a PP y PSE, excluyendo explícitamente a EH Bildu y a UPyD, nadie entiende de qué país está hablando ni, en consecuencia, de qué clase de acuerdo. A no ser que sea de legislatura o de gobierno, que son los que necesita el PNV, pero no son, no al menos mecánicamente, los que requiere el país. De hecho nadie lo entendió excepto el PP, que llevaba semanas haciendo esa misma propuesta, lo cual es suficientemente significativo. Lo cierto es que una propuesta así no resulta fácil de entender porque, en principio, está claro, o debería estarlo, que cuando el PNV habla de país no se refiere al mismo al que se refieren PSE y PP, tal y como quedó patente durante la pasada legislatura, sin ir más lejos. Respecto al modelo de país, resulta excesivo decir que PP y PSE lo comparten, como también quedó patente en la anterior legislatura, por mucho que se aliasen por un «bien mayor», aunque a medio plazo haya supuesto su mayor varapalo. Evidentemente, la razón de estado pesa mucho, como queda periódicamente patente en Nafarroa.
Pero, sobre todo, no cabe obviar que en la anterior legislatura el Parlamento de Gasteiz no representaba a la ciudadanía de esos territorios en la medida en que un sector social, la segunda fuerza de ese mismo foro en este momento, estaba ilegalizado. La razón por la que este es el momento de hacer acuerdos de país, pero en serio, es que se está cerrando un ciclo basado en unos acuerdos insuficientes desde un punto de vista democrático, que no se corresponden con la voluntad de la ciudadanía y que, además, no permiten conocer democráticamente cuál es esa voluntad. Además, el sistema socioeconómico está en una crisis que, sin entrar a las alternativas, evidencia que el modo de hacer las cosas hasta ahora no era sostenible, lo que obliga a repensarlo todo si no queremos que la inercia, la propia y la ajena pero cercana, nos arrastren a escenarios aún más complicados. Algo que defienden por igual gurús de la economía jeltzales, pensadores del autonomismo cosmopolita y marxistas de la izquierda abertzale, por mucho que entrando a las propuestas estas difieran radicalmente.
Existen condiciones para un acuerdo de país como no han existido nunca desde la muerte de Franco, condiciones de entre las cuales el cese definitivo de la actividad armada de ETA es la más significativa pero no la única. Hay que tener también en cuenta las dinámicas políticas en Ipar Euskal Herria y Nafarroa, los procesos escocés y catalán, la propia crisis del sistema o el momento geopolítico en Europa, entre otros. La necesidad de cambio resulta perentoria.
El jueves en el Parlamento, Urkullu volvió a dar un nuevo quiebro -se antojan demasiados para el poco tiempo que lleva gobernando y para haber estando preparándose para el cargo durante tantos años-, enmendando su propuesta y proponiendo dos mesas con partidos e instituciones en Ajuria Enea, esta vez sin exclusiones. Parece que, tras haberse escuchado a ellos mismos en voz alta, hasta los más radicales de entre los jeltzales vieron que la imagen que estaban dando era realmente lastimosa. Sería mejor que esta rectificación hubiera venido de la autocrítica y no de la soberbia, pero habrá que darle un margen.
Agendas para el país y para la sociedad
A estas alturas resulta baldío pedir al PNV de Urkullu -que ya está claro que es el mismo que el de Egibar- que realice una aclaración estratégica pública y transparente sobre cuál es su propuesta, sus plazos y su agenda para lograr que el país de los vascos, Euskal Herria, pueda decidir su futuro y que, a poder ser, la decisión sea favorable a su pleno desarrollo como entidad política, es decir, a convertirse en estado. Eso obliga a crear las condiciones para que se tenga que decantar. No es momento de fijar posición, sino de liderar, para lo que hay que realizar propuestas desde los diferentes ámbitos, desde el institucional hasta el socioeconómico, propuestas que reestructuren y potencien una agenda independentista que tiene más argumentos que nunca pero los mismos obstáculos de siempre (básicamente, la fuerza). En política tener la razón no es garantía de nada, solo de la satisfacción de tenerla (que no es poco).
Las demandas de esa agenda deben incluirse en los famosos acuerdos de país. Es decir, todo acuerdo que realmente quiera ser duradero, estable y justo debe contemplar que aquí existe una parte importante de la población que quiere la independencia, y que la quiere lograr por medios democráticos y pacíficos. Y que la gran mayoría de la ciudadanía quiere vivir y trabajar en condiciones justas, no subyugada y en la pobreza. El PNV sabrá si quiere formar parte de esas agendas, pero está obligado a buscar acuerdos en estos términos, en este país.